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El expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, declarando en la Audiencia Nacional.
El antecesor de Blesa en Caja Madrid le acusa de «envilecer» sus tarjetas 'white' en 'black'

El antecesor de Blesa en Caja Madrid le acusa de «envilecer» sus tarjetas 'white' en 'black'

Jaime Terceiro censura a los exconsejeros, que ganaron un 277% más con su sucesor, por «retorcer» las actas del órgano de administración para ocultar que solo podían gastar en representación de la entidad y no para libre disposición

José Antonio Bravo

Lunes, 24 de octubre 2016, 11:30

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Las coartadas de la mayoría de exconsejeros y ex altos cargos de Caja Madrid acusados por las llamadas tarjetas black, con las que se llegaron a despilfarrar 12,5 millones de euros entre 1999 y 2012, parecen ir perdiendo fuerza según van desfilando testigos de cargo por el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde finales de septiembre. El último en hacerlo fue este lunes el antecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, quien responsabilizó al primero de forma implícita de «envilecer» el fin de las tarjetas de crédito que repartió la entidad entre su cúpula.

Prácticamente cinco horas estuvo declarando este economista de profesión, y financiero de dedicación, contestando a todas las preguntas que le hicieron desde el fiscal a las acusaciones, luego a las defensas e incluso a alguna del tribunal. Y_por más que algunos abogados de los acusados sobre todo los de Blesa y Rodrigo Rato, el último presidente de la caja de ahorros intentaron ponerle en aprietos, el testigo se mantuvo firme en su versión.

Presidir una empresa pública a cambio de dejar la caja

  • Jaime Terceiro dio a entender este lunes en el juicio que no siguió en el cargo por no someterse a componendas políticas. Y habló en este sentido de la presunta existencia de pactos entre un partido (supuestamente el PP) y los sindicatos (serían CC OO y UGT), con la anuencia de otros (PSOE e IU), aunque no llegó a especificar nombres.

  • Dijo, asimismo, que el entonces vicepresidente económico del Gobierno y años después máximo responsable de la propia Caja Madrid -justo antes de su conversión en Bankia-, un Rodrigo Rato hoy en el banquillo de los acusados por las tarjetas black, incluso le ofreció «la presidencia de una gran empresa española -no concretó cuál- para que dejara el puesto libre y me fuera cuanto antes», a lo que él se negó porque la caja no era moneda de cambio. No obstante, desde el entorno del expolítico quisieron negar posteriormente esta versión pero sin entrar en pormenores.

«Las tarjetas que se aprobaron en mi época eran exclusivamente para gastos de representación, en los que incurren fundamentalmente los consejeros», insistió varias veces durante su comparecencia. «Así se hace explícito», añadió, en varias actas del órgano de administración, en especial la de 24 de mayo de 1988. Y no fue la única, apuntó, donde se menciona el mismo asunto.

Algunas defensas, sin embargo, «cuestionan el sentido de una coma» para intentar desvirtuar que dichas tarjetas fueran solo para gastos de representación o, cuanto menos, introducir dudas sobre su uso que podrían haber inducido al error en sus beneficiarios. Terceiro les replicó de forma tajante: «pueden retorcer los textos y escoger lo que más les convenga, pero en nueve años hay seis actas que dicen que son gastos de representación y en los 15 años siguientes no se ha vuelto a clarificar», en alusión a sus sucesores.

«Si las reglas de las tarjetas eran ambiguas», contestó posteriormente a otro letrado, «¿acaso en los 15 años posteriores no hubo tiempo de rectificarlas?». Una pregunta que, obviamente, quedó sin respuesta.

El que fuera presidente de la caja madrileña entre 1988 y 1996 trató de explicar lo que, a su juicio, ocurrió. «En mi época declaró se aprobaron unas tarjetas absolutamente blancas, es decir, white porque eran legales, estaban contabilizadas de hecho, la entidad se deducía sus gastos en el impuesto de sociedades y se realizaban a través de los circuitos explícitamente definidos».

«Era el procedimiento más transparente», aseveró a preguntas del fiscal, hasta el punto de que se llevaba un doble control sobre esas tarjetas: de un lado, despachos mensuales en los que revisaba qué cargos se habían hecho con ellas y, por otro, una supervisión por parte del entonces secretario general de la caja, Angel Montero (ya fallecido), quien insistía a los usuarios en que fuera «prudentes» en su utilización.

Los datos parecen corroborar su versión. Amén de las actas, con él había un límite de 600 euros en las tarjetas y el gasto mensual «solía ser» de entre 150 y 300 euros, sin que «nunca» hiciera falta elevar el límite con Blesa sí se hizo varias veces. De esta forma las retribuciones de ese tipo (dietas) pasaron de 1.800 euros anuales a medio millón, esto es, «se multiplicaron por 277». Además, apuntó, «nunca se podía retirar dinero en efectivo de los cajeros» y no se distribuyeron claves PIN para que se pudieran usar libremente algo que sí pasó en algunos casos años después; «es que ni siquiera se emitieron», apostilló.

«Un pacto político»

«Las tarjetas eran absolutamente blancas, white, en contraposición a las black, afirmó Terceiro, quien puso el énfasis en que se «empezaron a oscurecer» tras dimitir de su cargo en septiembre de 1996 a raíz de un «pacto político» con «cambios drásticos» en las inversiones de la entidad y sus remuneraciones. «Ahí es cuando empieza el mal gobierno corporativo» se lamentó, hasta el punto de según él llegar a «desobedecer» la Ley de Cajas de 1992.

«No me cabe en la cabeza que se invierta un mecanismo de compensación que no esté recogido explícitamente en las actas del consejo... ¡es el mundo al revés», aseveró el expresidente, quien se quejó de que se le haya querido usar de chivo expiatorio intentando hacer ver que las black parten de su época. Es, dijo, «una invención desde el inicio y nada más falso de la realidad» porque, enfatizó, «los sistemas no se heredaron, se cambiaron».

Tras él también testificó este lunes, esta vez a petición de las defensas, el vicesecretario general de Caja Madrid entre 1998 y 2006, Vicente Espinosa, quien apoyó la tesis de los acusados de que no sería posible discernir el uso correcto de las tarjetas (gastos de representación o complemento de sueldo). «No había unas normas que regularan aquello», declaró, «ni se nos dijo que hubiera que pedir justificantes».

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