Unicaja aprueba hoy su conversión en fundación bancaria con un dilema en el horizonte

NURIA TRIGUERO

Esta tarde, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén celebrará su última asamblea general con un único punto en el orden del día: aprobar su conversión en fundación bancaria, poniendo fin así a más de un siglo de historia como caja de ahorros. A la Fundación Unicaja, que echará a andar en pocas semanas, en cuanto se admita su inscripción en el correspondiente registro, le aguarda una difícil decisión. En un plazo de tres meses desde su constitución tendrá que elegir entre dos caminos: o sigue manteniendo, como hasta ahora, el control de Unicaja Banco, en cuyo caso tendrá que renunciar a la mitad de su beneficio; o se compromete a reducir su participación en el banco por debajo del 50% en un plazo de cinco años, dando la bienvenida a otros accionistas.

La Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias ya advierte a las cajas de que mantener el control de sus bancos les pasará factura. Sin embargo, se desconocía hasta ahora a cuánto va a ascender la 'dolorosa'. Anteayer, el Banco de España sacó a consulta pública un proyecto de circular para que las asociaciones representativas del sector hagan alegaciones antes del 18 de noviembre. No sólo Unicaja está afectada: también Kutxabank, CaixaBank e Ibercaja, que son las otras cajas que se han convertido o van a convertirse en fundaciones.

El borrador de circular establece que las fundaciones que posean una participación igual o superior al 50% en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma (es decir, la capacidad de nombrar a la mayoría de consejeros) tendrán que constituir un fondo de reserva de al menos el 0,5% de los activos ponderados por riesgo, pero que podrá alcanzar hasta el 3,75%. El porcentaje se determinará en función del nivel de solvencia de la entidad de crédito (a mayor solvencia menor importe del fondo de reserva), de si las acciones cotizan en Bolsa (hay una reducción de medio punto si cotiza más del 25% del capital), de los recursos propios de la fundación y del porcentaje de participación en el banco.

En el texto se especifica, además, que las fundaciones deberán destinar a ese fondo de reserva al menos el 50% de los dividendos en efectivo que reciban de sus bancos hasta completar la dotación. Y ese dividendo es la principal fuente de ingresos de las Obras Sociales. La norma da un plazo de cinco años para que el fondo de reserva esté totalmente dotado y precisa que las aportaciones periódicas durante ese periodo deberán ser lineales o decrecientes, es decir, que no se podrá dejar para el final. El objetivo del fondo de reservas es hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada por la fundación bancaria que no puedan ser cubiertos con otros recursos. En la práctica, es como guardar dinero en un cajón sin poder utilizarlo.

Las fundaciones sólo tienen una forma de evitar este fondo de reservas: presentar al Banco de España un plan detallado para reducir su participación en el banco que ahora controlan por debajo del 50% en un plazo máximo de cinco años. Este plan deberá especificar el calendario de cumplimiento, con los hitos parciales de desinversión. Y si se incumple, la entidad quedará obligada a crear ese fondo de reserva.

Fuentes del sector apuntan a que no sólo Unicaja, sino las otras antiguas cajas afectadas por esta disyuntiva optarán finalmente por diluir su participación en sus bancos. Este es, al fin y al cabo, el propósito que persiguen el Gobierno y la Comisión Europea. Si es así, dentro de cinco años Unicaja Banco ya no estará controlada por la Fundación Unicaja, sino que ésta se limitará a ser un accionista minoritario. Para alcanzar ese hito la entidad puede aprovechar la salida a Bolsa, prevista para antes de 2017, pero también podría introducir a nuevos socios mediante una ampliación de capital.