La morosidad pública y privada desciende pero sigue asfixiando a pymes y autónomos

Empresas y administraciones abonan sus facturas fuera del plazo marcado por la ley. :: a. g./
Empresas y administraciones abonan sus facturas fuera del plazo marcado por la ley. :: a. g.

Empresarios reclaman un régimen sancionador y mayor voluntad política

ALBERTO GÓMEZ

Aunque ha descendido en los últimos meses con respecto a años anteriores, la demora en el plazo medio de pago a proveedores continúa asfixiando a pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre los deudores figuran grandes compañías e instituciones públicas que incumplen los períodos máximos marcados por la ley para abonar facturas, que ascienden a sesenta días en el sector privado y a treinta días en el caso de las administraciones. Asociaciones de autónomos y empresarios reclaman un régimen sancionador para hacer cumplir la normativa. El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, asegura que «pagar tarde en España no solo sale barato, sino que genera beneficios y se puede hacer desde una posición de dominio».

Según el Banco de Datos del Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos son las únicas administraciones públicas que incumplen esta ley. En febrero, las corporaciones locales tardaron una media de 70 días en pagar a sus proveedores, por encima de los 28 días de la Administración central, los 26 días de las comunidades autónomas y los cuatro días de la Seguridad Social. Algunos ayuntamientos superan incluso los cien días, como Algeciras (358), Alcorcón (313), Jerez (207), Granada (115) o Vélez-Málaga (101). El profesor Pere Brachfield, especialista en la lucha contra la morosidad y la gestión del riesgo de crédito, considera que las cifras «están maquilladas». Así lo denunció la Comisión Europea, que acusó a España de suavizar las estadísticas para rebajar la tasa de impago público, que Bruselas sitúa en una media de 98 días. Los funcionarios comunitarios han abierto un expediente por incumplimiento de la directiva contra la morosidad.

Autónomos y pymes son los más afectados por estas demoras. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, reconoce que, aunque los plazos de pago «se han reducido», la situación continúa siendo «lamentable». Amor recuerda que muchas pequeñas y medianas empresas «dependen a menudo de uno, dos o tres clientes y estos impagos ponen en peligro su supervivencia» y sostiene que, en el sector privado, algunas de las compañías deudoras «presumen de ser socialmente sostenibles e incluso cotizan en Bolsa», una situación «inexplicable» para la ATA, que reclama un régimen sancionador aplicable en estos casos.

La puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores, que permitió abonar más de 41.800 millones de euros en facturas atrasadas de las administraciones autonómicas y locales, supuso «un respiro» para las pymes. Así lo explica el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Emilio López, que afirma que las administraciones «están ajustándose cada vez más a la ley» aunque en muchas ocasiones «sigan incumpliendo los plazos establecidos». También la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, asegura que el asunto «evoluciona de forma positiva» pero recuerda que la viabilidad de muchas pymes «depende de la morosidad» y solicita realizar «un análisis exhaustivo» antes de establecer un régimen sancionador «porque en muchos casos las empresas que no pagan o tardan en pagar a su vez están soportando la deuda de alguna administración pública».

El sector privado español es uno de los que registra mayor tasa de morosidad de la Unión Europea, pero paga sus facturas comerciales más rápido que las administraciones públicas. Las empresas españolas superan los 60 días legales de media para pagar a sus proveedores. De hecho, el 68 por ciento de los proveedores tuvieron en 2016 contratos con empresas privadas que les imponían plazos de pago superiores al período que establece la ley. El asunto ha provocado que la comisaria europea de Industria y Empresa, Elzbieta Bienkowska, tenga que recordar que la morosidad y las demoras «suponen una carga importante para las empresas y especialmente para las pequeñas, porque poder contar con el pago puntual de sus contratantes les permite realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con clientes y empleados».

Según los datos de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo un 5,3 por ciento en el sector público el año pasado, de 75 a 70 días. En Europa, solo las empresas italianas tardan más en abonar sus facturas a otras compañías (80 días). Brachfield achaca esta situación «a la impunidad permitida por una ley sin régimen sancionador».

A nivel provincial, los ayuntamientos tardan en hacer frente a sus facturas entre un día y medio, como el de Málaga capital, hasta más de cien días. Especialmente preocupantes son los casos de Rincón de la Victoria, que tarda una media de 106 días en abonar sus pagos pendientes, y de Torremolinos, que en diciembre de 2016 presentaba un plazo medio de pago a proveedores de 154 días, uno de los mayores de Andalucía. En el otro extremo, los datos del Ministerio de Hacienda revelan que Antequera se mantiene en nueve días. Uno de los ayuntamientos que más ha saneado sus deudas ha sido el de Benalmádena, donde ha pasado de pagarse en más de cien días a hacerlo en 31 días, casi en los límites permitidos por la ley.

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