El árbitro del conflicto de El Prat entregará el laudo obligatorio el miércoles

El árbitro designado por el Gobierno, Marcos Peña, se reunió ayer con el comité de huelga de los vigilantes de Eulen. :: Alejandro García / efe/
El árbitro designado por el Gobierno, Marcos Peña, se reunió ayer con el comité de huelga de los vigilantes de Eulen. :: Alejandro García / efe

Marcos Peña avisa tras reunirse con los vigilantes de Eulen en el aeropuerto que «ninguna de las partes» quedará contenta con el dictamen

DAVID VALERA MADRID.

El conflicto de los vigilantes de El Prat ya tiene una fecha señalada en rojo en el calendario. El próximo miércoles 30 de agosto el árbitro designado por el Gobierno para poner fin al choque laboral del aeropuerto barcelonés, Marco Peña, entregará a las partes el laudo de obligado cumplimiento. Así lo anunció ayer el propio mediador después de reunirse por primera vez con los trabajadores de Eulen, la empresa concesionaria de los controles de seguridad de la instalación, en la Terminal 2 del aeródromo catalán. De esta forma, Peña cumplirá con el plazo otorgado por el Ministerio de Fomento de elaborar una resolución en un plazo máximo de diez días desde su nombramiento. Sin embargo, los trabajadores ya han advertido de que recurrirán a los tribunales y no descartan una nueva huelga después de que se publique el laudo.

Tras salir del primer encuentro con los trabajadores, Peña advirtió de que «ninguna de las partes» quedará contenta con el dictamen que elabore. Un aviso a navegantes ante una semana decisiva para el conflicto. Sin embargo, el mediador insistió en que lo importante es «minimizar el conflicto». En este sentido, y en un guiño a los empleados que llevan varias semanas de protesta -primero con huelgas parciales y posteriormente con paros indefinidos que fueron suspendidos temporalmente tras los atentados de Cataluña y que desencadenaron la actuación del Gobierno- el árbitro admitió que el objetivo es mejorar la prestación del servicio así como la «calidad del trabajo y la salud de los empleados».

El también presidente del Consejo Económico y Social (CES) señaló que el encuentro con el comité de huelga sirvió para «escuchar» y «comprender» el problema. «Aquí no tiene razón nadie, lo importante es conciliar intereses y ver qué solución puede tener el conflicto», señaló Peña, que también actuó como mediador en el conflicto de la estiba hace unos meses, aunque entonces su dictamen no era de obligado cumplimiento.

El árbitro también explicó ayer que su intención es reunirse con AENA, por ser el gestor aeroportuario, y con la Generalitat de Cataluña, que actuó como mediador en el conflicto por ser la administración laboral competente, aunque su propuesta de una mejora salarial de 200 euros mensuales fue rechazada por los trabajadores. El objetivo de Peña es empezar a trabajar en el laudo el viernes para poder tenerlo terminado el martes y entregarlo a los afectados el miércoles dentro del plazo fijado por el Gobierno al aprobar este proceso de arbitraje obligatorio. Desde Eulen anunciaron que «acatarán» lo que el mediador decida.

Advertencia de nueva huelga

Por su parte, desde el comité de huelga reconocieron que la reunión con el árbitro fue «bien» y afirmaron que Peña fue «afable» y escuchó sus planteamientos. En cualquier caso, el portavoz de los trabajadores, Juan Carlos Giménez, insistió en que le transmitieron que consideran «ilegal» el laudo obligatorio impuesto por el Gobierno y que acudirán a los tribunales para «defender los derechos de los trabajadores». Sin embargo, Giménez afirmó que están dispuestos a hablar con el mediador y a darle la información que les solicite. En cualquier caso, el comité señaló que presentarán el laudo a los empleados de seguridad y si es ratificado supondrá el fin del conflicto.

Sin embargo, antes de que ese escenario pueda producirse, este domingo los trabajadores celebrarán una asamblea en la que se votará si convocan una nueva huelga para después del laudo (el proceso de arbitraje obligatorio impide precisamente que se produzcan paros durante su desarrollo) por el despido de varios compañeros acusados de haber incumplido los servicio mínimos de los paros establecidos en las protestas de hace unas semanas. Si saliera adelante otra convocatoria de huelga podría enquistar todavía más el conflicto.

El arbitraje obligatorio fue la medida extraordinaria aprobada por el Gobierno tras fracasar todos los intentos de mediación. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo justificó amparándose en la «prolongación de la huelga» y en las «graves consecuencias» que tendría para la economía española esa situación.

Anteriormente, el Ejecutivo había decidido reforzar los efectivos de la Guardia Civil en los controles del aeropuerto barcelonés «para garantizar la seguridad y el orden público». En este sentido, De la Serna defendió que esta medida permitió llevar a la «normalidad» al aeropuerto «en el más absoluto respeto al derecho de huelga». Algo que no compartieron los sindicatos, que denunciaron que se estaba vulnerando su derecho de huelga.

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