Anticorrupción investiga si el Santander privilegió a su cúpula en casos de blanqueo

Cinco directivos del banco declaran ante el juez desconocer que los Botín se ocultaran en una firma panameña pero niegan trato de favor

J. A. BRAVO MADRID.

La investigación sobre las entidades financieras que pudieron ayudar a los presuntos defraudadores fiscales de la llamada 'lista Falciani', algunos ya condenados y en la que figuraban medio millar de contribuyentes españoles, a «repatriar» su dinero «ocultándolo» al erario público parece haber abierto un nuevo camino. La pista a seguir es si el Banco Santander pudo haber dado un trato de privilegio a su cúpula al no incluirla en su propio sistema de alertas antiblanqueo.

Las pesquisas de este caso las iniciaron hace un año la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el Banco de España, coordinados por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata. En su punto de mira está la filial suiza del HSBC, considerado el tercer mayor banco del mundo por activos y, a la vez, presunto cooperador necesario en la «ocultación de las transacciones» de sus clientes radicados en España. A raíz de ello, el juez instructor tiene imputados a siete ex altos cargos suyos por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Según De la Mata, el HSBC recurrió al uso de «cuentas cifradas que impiden su identificación», contando a priori con la colaboración de una entidad española, Banco Santander, y la filial aquí del banco francés BNP Paribas. Esa es la razón por la que esta semana ha interrogado a una decena de altos directivos de estos dos últimos, como investigados por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales.

Se trata, sobre todo, de los responsables de los comités de análisis y resolución, prevención del blanqueo de capitales, banca de corresponsales y cumplimiento normativo: Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández y Jesús Álvarez. Según el magistrado, son áreas clave desde las que se realizaron «una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español, entre otros sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades». En concreto, habrían permitido el abuso de cuentas de valores, conocidas como ómnibus por su carácter global, para dificultar luego que se pudiera «identificar a sus verdaderos propietarios».

Dichas cuentas las mantenía el HSBC en el Banco Santander (entonces Santander Central Hispano) y luego en la filial de éste SCH Investment, recurriendo en alguna actuación concreta también a otra cuenta en BNP Paribas. Es lo que se conoce como banca de corresponsales, pues la entidad suiza acudía así a otras que servían de intermediarias para prestar sus servicios.

Actitud sospechosa del HSBC

Lo llamativo es que esa figura, sobre la que todas las instituciones ponen una señal de alarma ante el riesgo de que pueda «ser utilizada por blanqueadores de capitales», se suele emplear cuando un banco tiene que actuar en un tercer país donde no tiene presencia. Pero el HSBC ya estaba en España desde 1981 y tenía oficina en Madrid, aunque el juez estima que hay «numerosos indicios» de que esos servicios de banca privada los ofrecían directamente gestores llegados desde Suiza.

Este dato debería haber servido por sí solo, según los inspectores del Banco de España, para que Santander y BNP Paribas adoptaran medidas preventivas. Y es que ya en 2007 el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) advirtió en un informe que era «necesaria una mayor profundización por parte de las entidades españolas» en la vigilancia de las cuentas corresponsales.

De la Mata preguntó esta semana por todo ello a los directivos del Santander investigados, pero éstos trataron en todo momento de no entrar en detalles. Además de presentar un documento elaborado por el banco donde insiste en que «siempre se cumplieron los estándares aplicables en cada momento» -versión que ya dio el 3 de mayo cuando se conoció la citación judicial-, aludieron a que al hablar de hechos ocurridos entre 2005 y 2008 había cosas que no podían recordar bien.

No obstante, al ser preguntados en concreto por la sociedad instrumental North Stat Overseas Enter, domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá y «bajo la que se ocultaba finalmente la titularidad real de las acciones de Bankinter poseídas por Emilio Botín y Jaime Botín» -como sostiene el juez en su auto-, alegaron que ni ellos ni nadie de sus equipos habían oído hablar de ella.

Menos aún, declararon a preguntas del fiscal -según fuentes jurídicas-, conocían a las personas que había detrás de la citada firma. Según los registros del propio banco, el titular (supuesto) era el HSBC Private Bank Suisse. Pero los investigadores, extrañados por ese aparente desconocimiento, interrogaron a los responsables del Santander sobre si ello podría deberse a que se había excluido a la cúpula de la entidad de su servicio de alertas antiblanqueo.

Esta sospecha la apoyan Anticorrupción y la Guardia Civil en un acta del Banco de España de marzo de 2007, en la que se manifestaba que el Santander había propuesto anular esas «excepciones» para la «alta dirección» después de que el supervisor financiero se interesara por ellas. Sin embargo, los directivos investigados alegaron que aquello fue solo «un aspecto meramente formal sin efectos prácticos», puesto que según ellos «nunca» se usó. Pero la Fiscalía pretende indagar ahora en si su versión es cierta.

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