América Latina, un cuchillo de doble filo para las compañías inversoras

Argentina o Bolivia son algunos de los países que más quebraderos de cabeza han dado a las firmas bajo amenaza continua de expropiación

J. M. CAMARERO MADRID.

A Gas Natural Fenosa aún le queda por resolver uno de los principales problemas que se le han planteado en su negocio internacional en el último año: la expropiación de su filial colombiana Electricaribe. En el proceso, aún por resolver, la energética peleará en la justicia internacional por reclamar hasta 1.000 millones de euros, que le corresponderían por desprenderse de un negocio plagado de conflictos por los impagos por parte de los usuarios de las zonas en las que opera. Es solo uno de los muchos ejemplos de intervención que los ejecutivos de América Latina imponen a las compañías con presencia en sus territorios. Y las españolas, las primeras en el ranking de inversiones, son las que más tienen que perder.

Las intervenciones estatales se han llevado por delante las inversiones de compañías españolas que habían hecho negocio en países como Argentina, Bolivia o Venezuela. Desde que en 2001 el Grupo Marsans tomara el control de Aerolíneas Argentinas , hasta que el Gobierno de ese mismo país decidiera expropiar la petrolera YPF a Repsol -la última gran intervención estatal- han transcurrido 15 años en los que las firmas energéticas, así como la banca, han sido objeto de los decretos de nacionalización.

En el caso argentino, además de su compañía aérea de bandera, de la que finalmente Marsans tuvo que desprenderse tras una huelga contra la dirección, el Ejecutivo rescindió en 2006 el contrato que tenía con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez y la española Agbar. Ocurrió lo mismo en 2008, cuando el Congreso aprobó la nacionalización de las pensiones privadas, con BBVA como uno de los principales afectados.

En Bolivia, también fue Repsol la afectada por la decisión del presidente Evo Morales de tomar el «control absoluto» de sus hidrocarburos. La petrolera tuvo que entregar toda su producción a YPFB, el conglomerado energético estatal. En el plano eléctrico, Morales intervino en 2012 la empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica. Incluso decenas de militares y policías tomaron las instalaciones de la sociedad. Y con la desaparición del sistema de pensiones privado, decenas de filiales bancarias españolas se vieron afectadas por esta decisión.

En 2009, Hugo Chávez, presidente de Venezuela instó a nacionalizar la filial que Banco Santander tenía en el país en una operación que costó a la República casi 1.000 millones de euros.

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