Así actúan algunas grandes empresas españolas

L. P. MADRID.

Las grandes empresas españolas están siendo en los últimos años cada vez más cuidadosas respecto al protocolo de uso de las herramientas informáticas y lo más habitual es que cuenten con una regulación específica. Así lo explica Olmedo, de Garrigues, que considera que «tanto para la seguridad del trabajador como para la empresa es bueno que se establezcan estas políticas, para que quede claro qué actuaciones se pueden llevar a cabo».

Y así se hace en el banco Santander, donde tienen una circular sobre la utilización del correo electrónico y un manual del uso de las TIC. Ahí se comunica que dichas herramientas «deben usarse para fines profesionales, aunque se admite un uso moderado para fines personales». Además, se advierte de que «ese uso puede estar sujeto a monitorización por parte de la empresa».

En Telefónica aseguran que no cuentan con una política específica y afirman que si en algún momento se da un caso de incumplimiento, se avisa al trabajador de que se va a revisar su ordenador y se hace en su presencia. «Cumplimos escrupulosamente la legalidad española al respecto», sostienen.

En Vodafone sí tienen cláusulas en el contrato en relación con la confidencialidad y la necesidad de preservar la información para que no sea compartida con terceros, así como unas guías de cómo acceder a las redes sociales. Más allá de eso, aseguran que no tienen ninguna cláusula de que se puede revisar el email de los trabajadores y que hasta ahora no se ha hecho nunca.

Pero muchas veces incluso los propios convenios colectivos incluyen ya este tipo de regulación. Así ha sido, por ejemplo, en el convenio general de la industria química (del año 2015), que permite la videovigilancia, la monitorización de los ordenadores y la revisión de los emails sin necesidad de consentimiento del trabajador. Lo que sí se matiza es que estas medidas han de ser «proporcionales a la finalidad de verificar el cumplimiento por parte del trabajador» y «respetarán su dignidad y su derecho a la protección de datos y a su vida privada».

Más recientemente, el convenio del metal firmado el pasado junio considera falta grave la utilización de medios informáticos para fines distintos a la prestación laboral.

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