Un estibador transporta un contenedor de mercancías en el puerto de Sevilla. :: raúl doblado
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Bruselas avala el decreto de la estiba pero no indulta a España y deberá pagar una multa

  • Se evita una segunda sanción pero la cuantía de la primera, que acumula 24 millones, dependerá del Tribunal de Justicia de la UE

El conflicto de la estiba ha sido engullido por el ‘efecto tertulia’ y ya nadie sabe si España tiene que pagar una multa, dos, ninguna, de cuánto podrían ser... O si Bruselas tiene que pagar a España por las molestias ocasionadas. Quién sabe. Más allá de la rumorología, lo cierto es que el Gobierno español deberá pagar una multa sí o sí por haber incumplido desde hace años la legislación comunitaria en relación al sector de la estiba. Ahora, por fin, hay real decreto y éste ha sido convalidado a su vez por el Congreso. La Comisión ha dado su OK pero no ha otorgado su indulto. No hay absolución. Bruselas pide en torno a 24 millones de euros pero esta cantidad depende de la última sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE emitirá antes de final de año, en torno al verano.

Como reiteraron ayer altas fuentes comunitarias a este periódico, el recurso judicial interpuesto en 2013 no va a ser retirado y este movimiento, ojo, era la única posibilidad de que España quedase completamente absuelta. La otra, obviamente, es que los jueces digan que Bruselas no lleva razón, pero este escenario es más que improbable ya que el propio TJUE dictaminó el 11 de diciembre de 2014 que el modelo español era ilegal. Es decir, que con carga a las arcas públicas españolas se deberá pagar una cantidad por dilucidar que en teoría se parecerá bastante a esos 24 millones ahora planteados.

¿Por qué entonces las dudas? Aquí la secuencia de los hechos. La Comisión abrió este expediente de infracción en noviembre de 2011 enviando una notificación formal, pero las primeras cartas alertando de que la legislación española incumplía la comunitaria se tramitaron en 2009. Sin embargo, fue en 2013 cuando Bruselas llevó a España ante el Tribunal con sede en Luxemburgo al considerar que la legislación que regía la estiba era contraria a las normas europeas, como el propio TJUE falló el 11 de diciembre del 2014. El Gobierno, con mayoría absoluta, tenía hasta febrero de 2015 para modificarla, pero no lo hizo.

Agravantes o atenuantes

Bruselas volvió a la carga anunciando el 28 de abril del 2016 un recurso que entró en el Tribunal el 13 de julio. En él, la Comisión propone dos tipos de multas. Sí, «propone», ya que estas cuantías pueden aumentarse o reducirse por los magistrados en función de agravantes o atenuantes que consideren oportunos. La primera asciende a 27.552 euros diarios desde el momento de la primera sentencia, esto es, desde 11 de diciembre del 2014. Es de aquí de donde sale el cálculo de 24 millones del que se viene hablando.

Respecto a la segunda multa, sería de 134.107,2 euros diarios que comenzarían a contar desde el día en que se dicte la segunda sentencia y hasta que el Gobierno acate el fallo. He aquí la sanción de la que se va a librar España después de que el Congreso avalase el real decreto aprobado el viernes pasado. Esto es lo que va a informar la Comisión Europea al TJUE, que se tenga en cuenta que España ya ha cumplido, que no es necesario dar una vuelta de tuerca al proceso de sanción. Es decir, que sólo debe dirimir sobre el núcleo central del caso, sobre la multa de los 27.552 euros diarios propuesta por el Ejecutivo comunitario.

Todo está abierto y no está ni mucho menos cerrado que sean 24 millones la cifra a pagar. El mejor precedente ocurrió en el contencioso referido a la devolución de las llamadas vacaciones fiscales vascas. La Comisión pidió que la multa fuese de 64,5 millones pero al final, los jueces dijeron que fuese solo de 30 al tener en consideración diferentes atenuantes. Así que más allá del ‘efecto tertulia’, lo que está claro es que salvo milagro, habrá multa y aún se desconoce de cuánto.

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