Borrar
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. :: Sergio Barrenechea / EFE
España promete a Bruselas 500 millones más en impuestos si el déficit se desvía

España promete a Bruselas 500 millones más en impuestos si el déficit se desvía

Con la fiscalidad verde, el Gobierno lograría 300 millones, y otros 200 con el tributo de bebidas azucaradas, según el Plan de Estabilidad

DAVID VALERA

Domingo, 30 de abril 2017, 01:14

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Los ingresos se han convertido en la clave para lograr el ajuste de 13.000 millones necesario para reducir el déficit del 4,3% al 3,1% este año. El Gobierno prevé que la recaudación tributaria aumente un 7,9% en 2017 por la mejora de la actividad económica, incremento calificado de «optimista» y «ambicioso» por parte del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sin embargo, el Ejecutivo se guarda un as bajo la manga por si estos malos augurios se cumplen. En concreto, promete a Bruselas aprobar 500 millones en subidas de impuestos a través de la fiscalidad medioambiental -con 300 millones- y el nuevo tributo a las bebidas azucaradas y carbonatadas -con otros 200- «para garantizar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios», según consta en el Plan de Estabilidad aprobado el viernes y remitido a la Comisión Europea.

El Gobierno ya había incluido en el plan presupuestario enviado a la Unión Europea el pasado diciembre la intención de aprobar estos incrementos tributarios. Formaban parte de un paquete más amplio donde estaban las modificaciones en Sociedades por valor de 4.650 millones y el incremento en 150 millones de las tasas al Tabaco y el Alcohol que sí salieron adelante. Sin embargo, desde entonces nada se sabía de los cambios medioambientales ni del nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y parecía que el Ejecutivo los había guardado en un cajón. De hecho, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, aseguró esta semana en la comisión de Presupuestos del Congreso que «no le constaba» la aprobación este año de la tasa a las bebidas.

Sin embargo, el Programa de Estabilidad 2017-2020 ya deja claro que «si a lo largo del ejercicio los datos de ejecución presupuestaria mostrasen algún riesgo de desviación del objetivo se adoptarían las medidas ya comprometidas, en concreto los impuestos medioambientales y el impuesto sobre las bebidas azucaradas».

De momento, los datos adelantados por Hacienda sobre la recaudación hasta abril muestran un aumento del 11%. Pero esa cifra está distorsionada por el incremento superior al 100% en el primer pago fraccionado de Sociedades tras las últimas modificaciones. Por tanto, habrá que esperar a que pase ese efecto escalón para ver la evolución real.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, siempre ha insistido en que la tasa a las bebidas azucaradas y carbonatadas no obedecía a un fin recaudatorio -su impacto estimado son 200 millones- sino a razones de salud. Aun así, para crear un nuevo impuesto es necesario la aprobación de una ley orgánica, lo que implica un proceso de tramitación parlamentario más largo.

Financiación autonómica

Sobre la fiscalidad medioambiental, el Gobierno insiste en el Plan de Estabilidad en que estas modificaciones tributarias deben abordarse en «el marco de la reforma de la financiación autonómica», ya que las comunidades tienen una normativa muy dispar en esta materia. Así, apuesta por unificar criterios para «mejorar el funcionamiento de la unidad de mercado». Sin embargo, estima que el impacto de esta subida de impuestos sería de 300 millones, lo que supone una significativa reducción respecto a los 500 millones contemplados en el plan remitido a Bruselas en diciembre.

Pese a todo, el Gobierno reitera en el Plan de Estabilidad que cumplirá con el objetivo de déficit gracias a las «medidas adoptadas en diciembre» como la subida en Sociedades y la «contención del gasto público derivada de la aplicación de la regla de gasto», que permitirá un nuevo superávit en los ayuntamientos para compensar el desfase de otras administraciones como la Seguridad Social, que cerrará este año con un agujero de 15.000 millones, aunque la Autoridad Fiscal lo eleva hasta los 17.500.

En este sentido, el Gobierno reconoce un aumento en el gasto de las pensiones del 3,1% este año, aunque estima que ese incremento se moderará por debajo del 3% en los siguientes ejercicios como consecuencia de los efectos de la última reforma de las pensiones de 2013, especialmente del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 y ligará la prestación a la esperanza de vida.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios