Diario Sur

El Gobierno central se alía con Ciudadanos para frenar la derogación del 'impuesto al sol'

Es necesario un equipo para transformar la corriente en alterna.
Es necesario un equipo para transformar la corriente en alterna. / Fernando González
  • El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta que supondría una merma de ingresos de 162 millones y la formación naranja aboga por el diálogo

El Real Decreto 900/2015 se ha bautizado popularmente como el del ‘impuesto al sol’. Después de más de cuatro años de espera, el Gobierno central, empujado por la presión de las autoridades europeas, aprobó una primera regulación del autoconsumo eléctrico en España, que a diferencia de otros muchos países de nuestro entorno, estableció la obligatoriedad del pago de ‘peajes’ para mantenerse enganchados a la red. Únicamente si el propietario se desconecta, instalando sus propias baterías, no pagaría estos cánones, que han despertado las críticas de organizaciones de consumidores, ecologistas y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una organización que denunció la normativa de autoconsumo española ante Bruselas.

Sin embargo, el Gobierno central ha venido defendiendo la «idoneidad» de su normativa con argumentos basados en la «solidaridad» y en el hecho de que si alguien instala un sistema de autoconsumo, pero desea permanecer conectado a la red para poder abastecerse cuando su dispositivo no es capaz de producir, como ocurre de noche o en días muy nublados o de lluvia, tiene que seguir contribuyendo al mantenimiento de la red eléctrica. El exministro José Manuel Soria alegaba además que el autoconsumo «no está al alcance de toda la población», ya que exige desembolsos medios de 5.000 y 6.000 euros.

Los partidos de la oposición han intentado ya al menos en dos ocasiones –la última hace un mes– anular el decreto del ‘impuesto al sol’, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy se escuda en que ello «pondría en riesgo las cuentas del Estado», pues supondría un descenso en la recaudación de 162 millones de euros, una posibilidad recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, por el IVA que los autoconsumidores dejarían de pagar al reducir su gasto de energía proveniente de la red eléctrica.

Para el ingeniero malagueño Jorge Rando, de la empresa 4TEnergy, éste es un argumento «absurdo», porque fomentando el autoconsumo «se crea riqueza, por el IVA que se paga por los sistemas, con el IRPF de las empresas instaladoras y, sobre todo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono, y se contribuye a luchar contra el cambio climático». La única esperanza de los impulsores de la nueva norma –PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto–, era que la Mesa del Congreso levantase el veto. Pero Ciudadanos se alió con el PP y no lo hizo, a pesar de que en su acuerdo de investidura se contemplaba la revisión del ‘impuesto al sol’.

La formación naranja justificó su respaldo al veto del Ejecutivo alegando que la Constitución atribuye al Gobierno la capacidad de paralizar iniciativas que supongan una modificación en los presupuestos, según dijo el diputado naranja Ignacio Prendes, vicepresidente primero de la Mesa del Congreso. Prendes añadió que no son partidarios de saltarse lo establecido en la Carta Magna «y ahondar así más en el choque entre el Ejecutivo y el legislativo, sobre el que aún está pendiente que resuelva el Tribunal Constitucional», recordó el diputado.

Por su parte, la portavoz de energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, apuntó que la solución «no es que nuestra ley esté muerta en el Constitucional ‘x’ años hasta que salga la sentencia», en referencia al lento procedimiento que puede llevar la resolución del conflicto. La diputada agregó que la vía del diálogo directo con el Gobierno «es la más eficaz y que ya se ha demostrado en, por ejemplo, la iniciativa sobre los permisos de paternidad», apostilló.

La Unión Europea ha sido la última en cargar contra «los múltiples obstáculos» que intenta imponer el Gobierno de España al autoconsumo eléctrico en nuestro país. Así, la Comisión Europea ha enviado una dura carta al Ministerio de Energía e Industria, que dirige Álvaro Nadal, para entender las razones detrás de las trabas administrativas impuestas desde 2015. Bruselas se muestra contraria a la aplicación de la normativa española, al considerar que tiene «trabas opuestas a los derechos europeos». «Tarde o temprano se cambiará», vaticina Jorge Rando.

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