Atribuyen un posible cohecho a Rato por su trama empresarial

La Fiscalía Anticorrupción considera que Rodrigo Rato podría haber incurrido en nuevos posibles delitos de cohecho y malversación de caudales públicos a raíz de que cinco firmas, algunas en apariencia meramente instrumentales, facturaran un total de 82,96 millones de euros a una docena de compañías privatizadas mientras fue ministro de Economía con los gobiernos de José María Aznar. De hecho, casi el 35% lo percibió mientras era miembro de aquel gabinete del PP.

Por ese motivo, el Ministerio Público ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, quien investiga a cuánto asciende realmente su patrimonio y si ha ocultado parte, que le vuelva a citar en calidad de investigado. Sería su quinta declaración en este caso desde su apertura en abril de 2015.

Esa nueva imputación, que se une a los otros delitos por las que ya era investigado -un presunto fraude fiscal de 6,8 millones y el blanqueo de sumas importantes en el extranjero ocultando su origen-, «se realiza a la vista del atestado» que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó en marzo. Los agentes concluían en él, entre otras cosas, que el expolítico habría «abusado de poder» para lograr un tratamiento «privilegiado» por parte de antiguas empresas públicas e incluso que habría creado una sociedad (Cor Comunicación) «ex profeso para la percepción de esos abonos» entre los años 1998 y 2013.

La eléctrica Endesa fue la que más dinero pagó a la trama societaria del exministro: 61,9 millones a Cor por gestionar sus campañas de publicidad, pero esta solo actuaba como mera intermediaria. Según la UCO, un 50% del importe de cada contrato se lo quedaba la empresa de Rato como comisión y el resto iba para la agencia de los anuncios, que a su vez luego retornaba entre un 10% y un 30% del importe a firmas controladas por socios del expolítico.

Pese a ello, en un escrito al juzgado Rato acusa a la UCO de hacer una investigación «eminentemente política» porque no está prohibido que un alto cargo sea accionista de sociedades que contraten con la Administración. Según él, todo fue «legal y a precios de mercado».