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J. A. BRAVO
Lunes, 24 de abril 2017, 01:16
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Rodrigo Rato, pese a llegar a ser todopoderoso vicepresidente económico del Gobierno en la primera mayoría absoluta del PP -con José María Aznar de presidente a principios de este siglo-, terminó imitando el funcionamiento de «caja única» de uno de los grupos empresariales más polémicos del país, Nueva Rumasa (sucesora del antiguo emporio de la emblemática abeja), y de los métodos rancios de la familia Ruiz-Mateos que han terminado llevando al banquillo a los hijos del empresario jerezano ya fallecido por delitos como estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Uno de ellos, el blanqueo, también se le atribuye al expolítico metido a financiero -tras dejar la cartera de Economía llegó a dirigir el FMI para luego presidir Caja Madrid y finalmente Bankia- por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, quien investiga a cuánto asciende realmente su patrimonio y si ha ocultado parte. Tras sus primeras pesquisas, la Agencia Tributaria estableció que controla junto a «su entorno» un «mínimo» de 26,6 millones de euros, y en sus conclusiones provisionales determinó en febrero que había dejado de declarar más de 14 millones entre 2004 y 2015, lo que supondría un fraude de hasta 6,8 millones.
Para lograr esa ocultación sacó provecho del complejo entramado societario que llegó a crear, con una veintena de empresas en España y otra decena fuera, aunque buena parte eran instrumentales y «han carecido de sustancia económica», según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Su fin principal, según ella, era «velar, ocultar u opacar la identidad de su beneficiario efectivo con el objetivo de perjudicar a la Hacienda Pública».
Así pasó, por ejemplo, con Cor Comunicación y otras cuatro firmas (Viajes Ibermar, Total Congress XXI, Muinmo y Rueda Emisoras), con las que facturó 82,96 millones a una docena de empresas que fueron privatizadas (o culminado ese proceso) cuando era ministro de Economía. De hecho, mientras ejerció ese cargo llegó a percibir casi el 35% de ese montante a través de aquellas.
Las firmas citadas, al igual que otras de su entramado, actuaban bajo la forma de «gestión conjunta». «Una auténtica cogestión de las decisiones -subraya la ONIF- acerca del personal, de las nóminas, de la tesorería, de las facturas internas, de los resultados conjuntos, de las oficinas, de los gastos de funcionamiento, etcétera». «Los movimientos -añade- no dejan lugar a la más mínima duda de que son la misma unidad de decisión» ejercida por los hermanos Rato-Figaredo.
«La menor atención posible»
«Ellos tomaban las decisiones relevantes, decidían dónde se ingresaba el dinero y dónde se transfería», subrayan los inspectores del fisco que han revisado la vasta documentación contable que obra en el llamado caso Rato. El propio exministro reconoció al juez Antonio Serrano-Arnal el pasado 23 de febrero que no aparece como administrador de bastantes sociedades que, en realidad, sí le pertenecen. Su excusa fue que su nombre «genera una atención que tendría consecuencias nada positivas» para su «trabajo profesional». «Prefiero la menor atención posible», admitió sin tapujos.
Desde Hacienda, sin embargo, creen que el motivo real sería «dificultar la transparencia en la propiedad» de su entramado societario. Hablamos, matiza, de empresas con «participaciones cruzadas directamente o bien mediante un tercero» -la Fiscalía Anticorrupción estima que, junto a antiguos colaboradores suyos, también usó a familiares como testaferros-, pero «no se ha apreciado explicación alguna de negocio o de tipo empresarial» para ello.
En realidad, la explicación es de índole tributaria, amén de política en línea con los deseos de Rato de que no le relacionaran con esas firmas mientras ejercía otros cargos dada la aparente incompatibilidad. Así, la ONIF destaca la utilización de algunas para «simular un negocio» por el que recibían pagos de otras compañías (Telefónica, Banco Santander, CaixaBank...) que, en realidad, corresponderían a servicios prestados por el exministro.
«Con ello se oculta a la persona física -señala Hacienda- a través de sociedades interpuestas» y, con frecuencia, «opacas» -cita como ejemplo a Vivaway, Kradonara, Westcastle o Red Rose-, de las que se sirve luego como «un cajón de sastre» para «disimular ganancias patrimoniales» y, a la vez, aplicarse como deducibles gastos que no lo eran.
La ONIF, pese a todo, lo tiene claro: «Eran un todo común, una sola unidad de acción..., eran el Grupo Rato». Así, de 1998 a 2014 detecta un «trasiego variado» entre sus cuentas bancarias que no responde a préstamos internos -la tesis que alega el expolítico- sino a la «gestión de tesorería entre empresas del mismo dueño». En concreto, encontró 1.092 movimientos cruzados por un importe de más de 32 millones, donde se mezclaban transferencias de poco más de 100 euros con grandes sumas.
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