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A. ESTRADA/J. M. CAMARERO
Sábado, 25 de marzo 2017, 00:31
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Nuclenor, la sociedad propietaria de la central nuclear de Garoña, considera económicamente inviable la continuidad de la planta radicada en Burgos tras analizar detalladamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según han asegurado a este periódico fuentes cercanas a la empresa.
El coste de volver a poner en funcionamiento la central se eleva a 205 millones de euros, según los cálculos de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa. Este importe incluye las inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear, incluidas en el último informe emitido por el organismo, y que ascienden a unos 170 millones; así como el resto de gastos operativos y otros como los ligados al combustible.
El Gobierno ha abierto un periodo de consultas sobre la reapertura de Garoña y se ha dado un plazo de seis meses antes de tomar una decisión final. No obstante, según las fuentes consultadas, Nuclenor ya habría anticipado al Ministerio de Energía su conclusión sobre la inviabilidad económica de la planta.
La central de Garoña dejó de estar operativa el 1 de enero de 2013. Han pasado cuatro años y desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio pasado Nuclenor ha invertido 330 millones de euros en labores de mantenimiento necesarias de cara a una posible reapertura, que nunca podría ser antes de enero de 2019. La propietaria de Garoña registró el año pasado unas pérdidas de 67 millones de euros.
El Consejo de Administración de Nuclenor no ha adoptado todavía una decisión formal sobre el futuro de la central nuclear. No tendrá que hacerlo hasta que el Gobierno decida si da o no el permiso para reabrir Garoña. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que permite que se alargue la vida útil de la central si se realizan las inversiones exigidas para garantizar la seguridad no es vinculante (lo sería si indicara que no es seguro operar la central), por lo que la autorización es decisión del Ejecutivo. En todo caso, si el Gobierno optara por permitir que Garoña volviera a producir energía, la decisión última correspondería a Nuclenor, a la que no le salen los números para que la central sea rentable.
Avisos desde hace un año
Desde el propio Ministerio de Energía han reconocido que incorporar Garoña a la red puede suponer un coste importante, aunque piensan que sigue siendo un negocio rentable. Hace ahora un año, el presidente de Endesa, Borja Prado, vinculaba el futuro de Garoña a una decisión empresarial al aclarar que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central. En la última junta de accionistas de la eléctrica, que tuvo lugar en abril del año pasado, Prado relacionaba cualquier decisión a la viabilidad «desde el punto de vista técnico y financiero». También el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, habría insinuado a los sindicatos de la compañía, en el marco de la junta de accionistas de 2016, la complejidad de reabrir la central por las condiciones económicas que esa operación exigía, según apuntaron fuentes sindicales.
Más allá de las consideraciones estrictamente empresariales y financieras, el Ministerio de Energía quiere implicar a los partidos políticos de la oposición en la decisión que tome el Gobierno sobre la reapertura de la central o su cierre definitivo. El departamento que dirige Álvaro Nadal va a utilizar el plazo del que dispone para «negociar con los partidos, las comunidades autónomas y los agentes implicados», según fuentes del departamento de Energía.
El ministerio, donde niegan que se haya negociado con el PNV el cierre de Garoña a cambio de su apoyo para los Presupuestos del Estado, insiste en que el debate sobre la central es sólo «un primer peldaño» de cara a otras decisiones similares que se deberían tomar a medio plazo, como la autorización para que Almaraz (Cáceres) -cuya vida útil expira en 2020- también siga en funcionamiento. Después les llegaría el turno a Vandellós (Tarragona), en el año 2020; Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021; Ascó I y II (Tarragona) en ese mismo ejercicio; y Trillo (Guadalajara), en 2024. Ante esta coyuntura, «puede ser un debate central por central o grupal sobre el futuro del sector», apuntan fuentes gubernamentales, donde alegan que al estar en un Ejecutivo en minoría, es recomendable una posición negociada.
La prohibición de que se amplíe la vida útil de cualquiera de los ocho reactores que hay en España provocaría, según el departamento que dirige Álvaro Nadal, un incremento del precio de la luz que se situaría en el entorno del 25%, según las estimaciones del Ministerio de Energía. Por ello, apuestan por mantener el actual 'mix' de nucleares, carbón y ciclos junto a la mayor presencia de plantas renovables.
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