Diario Sur

El FROB denuncia nueve operaciones sospechosas de Caja España y Caja Duero

  • Entonces era consejero el dirigente del PP Maíllo y la Fiscalía las investigará ahora ante sus «indicios de irregularidad» o falta de «lógica económica»

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sigue escudriñando las cuentas de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, sobre todo si son cuantiosas. Ello ha motivado el envío a la Fiscalía Anticorrupción de medio centenar de denuncias por hechos sospechosos de poder llegar a ser delictivos, de las cuales la mitad han acabado en los tribunales.

La última de ellas se conoció ayer y tiene como objetivo a las antiguas cúpulas de Caja España y Caja Duero, que acordaron su fusión en enero de 2010. Precisamente las nueve operaciones que el FROB ha trasladado al Ministerio Público abarcan desde 2005 hasta entonces y la mayoría son créditos de elevado riesgo relacionados con el negocio del 'ladrillo', entonces en plena burbuja.

En total, los técnicos del Fondo estiman que se habría podido causar un perjuicio de 120 millones de euros a las arcas de las dos cajas de ahorros y, en parte, ese dinero también habría provocado los problemas ulteriores de la nueva entidad fusionada, que requirió recapitalizarse con 525 millones anticipados por el FROB a cambio de unas participaciones preferentes convertibles todavía no recuperadas. La nueva 'macrocaja' terminó fracasando y fue reconvertida en el llamado Banco CEISS, que en marzo de 2014 se convirtió en filial de Unicaja. Quienes, en realidad, han descubierto esas actuaciones anómalas de Caja España y Caja Duero son varias auditoras independientes que, por encargo del FROB, han realizado sendos informes 'forensic', esto es, análisis contables que suelen ser requeridos en los litigios para dar mayor solidez a las sospechas que tienen algunos de los intervinientes. Según el resultado de su trabajo, las nueve operaciones denunciadas bien «presentan indicios de irregularidad», bien «no responden a una finalidad económica lógica». Y se trata, «fundamentalmente», de actuaciones «de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles» o destinadas a sustentar «participaciones en sociedades». En otros casos son «renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías» En general, eso sí -remarca el FROB en su escrito-, «han dado lugar a importantes pérdidas» para las cajas.

El presidente de Caja España en aquella época (de julio de 2006 a enero de 2010) era Santos Llamas, un constructor leonés acusado años después de actuar entonces como «juez y parte» en algunas de las decisiones de importancia sensible que tomaba la entidad. Y es que sus empresas recibieron distintos préstamos por parte de ella -hasta 76,7 millones de euros entre Caja España y Caja Duero- la mayoría de los cuales han terminado resultando impagados.

No obstante, Llamas -que también dirigió la patronal leonesa de la construcción y fue dueño de la aerolínea Lagun Air- llegó a ocupar ese puesto privilegiado con el respaldo de partidos políticos -su designación fue fruto de un pacto entre PP, PSOE y UPL- y sindicatos, algo que ya ha ocurrido en otras cajas. Buena parte de esas operaciones sospechosas fueron aprobadas por el consejo de administración de Caja España, integrado por 17 personas. Una de ellas era Fernando Martínez Maillo, entonces miembro de la Ejecutiva regional del PP y hoy coordinador general de esta formación. IU ya denunció en 2013 actuaciones similares -fuentes jurídicas apuntan que algunas podrían ser las mismas, créditos a Llamas «sin garantías eficaces»-, lo que originó una investigación judicial que tras varios recursos aún sigue abierta en León. En ese caso están imputados por presunta administración desleal 14 exconsejeros, entre ellos Maíllo.

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