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JOSÉ M. CAMARERO
Domingo, 19 de febrero 2017, 01:18
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«¿Por qué en el 2009, cuando la prima de riesgo estaba aún en los 75-100 puntos básicos, no se hizo la reestructuración del sistema financiero?». La pregunta la ha planteado el ministro de Economía, Luis de Guindos, después de que la Audiencia Nacional imputara al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y a otros seis altos cargos de ambos organismos, por la salida a Bolsa de Bankia de 2011 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Comisión Ejecutiva del supervisor le respondía indirectamente: su actuación «se ajustó al cumplimiento de la normativa y a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general».
Es decir, que los organismos podrían haber tomado otras medidas, instados por el Gobierno de la época, como sostiene De Guindos, pero se pusieron sobre la mesa aquellas opciones -el salto al parqué, tras la fusión previa de Cajamadrid, Bancaja y otras cinco entidades- ante el riesgo de 'crack' bancario. Las circunstancias así lo 'exigían'.
Pero el tiempo ha destapado los errores de una regulación muy distinta a la que existe hoy, dejando al descubierto el papel de las instituciones que intervinieron; su control sobre el sector financiero, amén de la presión política; y hasta la responsabilidad penal que pudieran tener.
Supervisión más proactiva
Ningún órgano supervisor «sabía lo que iba a pasar», admiten fuentes bancarias. Aunque en el caso de los responsables del Banco de España «optaron por dar una patada hacia adelante y ponerse la venda ante la situación que se vivía», afirma Juan Abellán, profesor de Marco Normativo de EAE Business School. «Hubo una relajación muy grande sobre el supervisor, pero ahora la vigilancia es extrema», indica este experto.
Nadie duda de que «había debilidades en la supervisión que les hacía actuar de forma más reactiva que proactiva», según Carlos Marcos, socio director financiero de la firma auditora Mazars. Recuerda que «los requerimientos de capital y liquidez no eran suficientes y en 2009 se comenzó a revisar la regulación, que se hizo más restrictiva y exigente».
Entre las lecciones aprendidas de aquel caso, la primera es que el Banco de España ya no puede actuar de forma tan autónoma como lo hizo en la crisis de Bankia. Muchas de sus funciones «se han trasladado al BCE», recuerda Carlos Marcos. Los proyectos para lograr la Unión Bancaria han reforzado el capital con el que deben contar los bancos y han instalado un Mecanismo de Resolución con el que serán los accionistas y no el contribuyente los que paguen los platos rotos de una quiebra.
El problema con el que se encontró el Banco de España ya provenía de los primeros años de Fernández Ordóñez como gobernador, ante un contexto de desregulación. «Hasta 2007 se repetía en todo el mundo el mantra de que no había que intervenir, de que el mercado ya se ajustaría por sí mismo, lo cual fue un error que facilitó la crisis», explica Jesús Palau, profesor de Esade.
Durante los cinco últimos años, los supervisores han visto reforzado un papel que antes pendía de un hilo en muchas ocasiones. «La banca es ahora mucho más resistente a eventuales situaciones de crisis», indican desde PwC. Los expertos de esta firma sostienen que las entidades se quejan de que «la nueva supervisión es demasiado intrusiva», aunque recomiendan «adaptarse» a esta nueva realidad, así como tener en cuenta que «la nueva regulación aún no está concluida».
Porque también cambiará el papel de la inspección. «Se tiende a que en su composición pierdan importancia numérica los inspectores de la misma nacionalidad que el banco supervisado», anticipan en PwC. Todo un aviso a navegantes, después de que la imputación se haya basado en los correos en los que inspectores del Banco de España alertaban sobre la situación de Bankia.
Cuestión política de Estado
Uno de los actuales consejeros de la institución, Guillem López Casasnovas, sostiene que aquella «fue una operación de Estado, muy complicada y con mucho riesgo, que al final salió mal». Pero aclara que conoce a los protagonistas de la historia y, ante la imputación, «ninguno tergiversó nada en beneficio propio».
El impacto podría ser de tal calado que no tardaron en surgir presiones políticas. El entonces presidente de la firma, Rodrigo Rato, afirmó que la integración de las cajas en BFA -la matriz de Bankia- había sido forzada por el supervisor en verano de 2010 tras una reunión «urgente» a la que también acudió el presidente de la entidad levantina, José Luis Olivas. Un año después, les habrían 'obligado' a salir a Bolsa. La versión de Fernández Ordóñez difiere: «Yo le llamé para decirle 'lo vemos así, tú haz lo que quieras'», insistiendo en que él no decidía ni aprobaba las operaciones. Después, De Guindos afirmó que ambas soluciones habían sido «un error» fruto de una «operación política» de Zapatero.
La puesta en marcha de las 'fusiones frías' entre cajas también recibe ahora críticas por la inconveniencia de unir varias firmas quebradas. Pero desde el sector bancario recuerdan que ningún gobierno autonómico quería que su caja fuera rescatada ni fusionada con otra que no estuviera en su territorio.
El exgobernador siempre se ha escudado en la complejidad económica del momento para defender su actuación, confiando en la rápida salida de la crisis tras el bache de 2009. Pero «en el diagnóstico se equivocó», admiten fuentes financieras. En su declaración como testigo ante el juez Fernando Andreu, en 2013, Fernández Ordóñez mantuvo que «si no hubiera habido una segunda recesión, la fusión de Bankia probablemente hubiera salido» bien. Y reconoció que vio en aquel momento que «España podía salir del euro».
La miopía del momento impidió tomar decisiones como las que ahora reclaman algunos partidos. «El gradualismo como solución, en vez de aplicar medidas bruscas, como se hizo en Estados Unidos, fue algo bienintencionado, pero el tiempo se fue agotando», sostiene Santiago Carbó, profesor de Cunef. «No se calcularon bien las consecuencias» de la fusión de cajas y la posterior salida a Bolsa «y se minimizó el potencial de daños» que vendría.
Esa alternativa más arriesgada pasaba por dejar caer a Bankia en vez de dejarla cotizar. «Si solo hubieran colocado las acciones entre profesionales y no minoritarios, no habría caso porque la operación no habría salido adelante», indica Javier Puig, profesor de la Universitat Pompeu Fabra. No fue así. Por ello, a partir de ahora será la Justicia la que determinará qué grado de responsabilidad tienen unos reguladores que, entre otras actuaciones, dieron vía libre para que operara una entidad que pasó de registrar un beneficio de 305 millones a reconocer pérdidas de 3.000 millones en pocos meses.
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