Hacienda estrecha el cerco al fraude en las grandes fortunas y al IVA del comercio

«El refuerzo de las herramientas de control respecto a las grandes fortunas va a ser clave. Supone un salto cualitativo», explicó ayer el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante la presentación de las directrices del Plan de Control Tributario 2017. En concreto, el programa analizará las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación fiscal o el uso de sociedades interpuestas para desviar la tributación de retribuciones personales. Por ejemplo, usar una sociedad instumental para evitar tributar las rentas del trabajo en el IRPF y hacerlo por Sociedades, que tiene un tipo más bajo. La aplicación informática también facilitará el análisis de riesgo de contribuyentes que muestren una capacidad económica no justificable con las bases imponibles declaradas en el IRPF.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de control a partir de las información obtenida del acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en EE UU. También se pondrá especial atención a las transacciones realizadas con territorios de baja tributación. En este sentido, el Plan de Control «intensificará» la investigación sobre personas que localicen de manera ficticia su residencia fiscal en jurisdicciones en las que haya una menor presión impositiva con el objetivo de eludir el pago de tributos en España.

El objetivo final de esta nueva arma informática contra el fraude es poder estimar el patrimonio real de estos contribuyentes para saber si se ha declarado por completo. Desde la Agencia Tributaria no quisieron hacer una previsión de lo que esta herramienta puede conseguir aflorar, pero resaltaron que con los instrumentos actuales se han logrado liquidar 400 millones de deuda en los últimos cinco años a contribuyentes de más de 10 millones de patrimonio.

La lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales también será otra línea de actuación del Plan de Control en 2017. En este sentido, se analizarán los perfiles de riesgo en función de la información que se empezará a recibir sobre los 'tax rulings' (acuerdos particulares de tributación entre gobiernos y empresas) y los datos 'país por país' que recoge el programa BEPS de la OCDE y que obligará a las empresas a informar, entre otras cosas, de los beneficios que obtiene en cada uno de los territorios en los que opera. El objetivo es evitar que se trasladen de manera artificial a través de agujeros legales esos ingresos a lugares con una tributación más ventajosa.

Vigilar las criptomonedas

Otro de los elementos del Plan de Control será perseguir el fraude en el IVA. Así, se realizarán actuaciones presenciales en comercios, requerimientos o visitas censales. Además, se reforzará el análisis del software comercial que posibilite la ocultación de ventas. También habrá más presencia de la administración tributaria en las actividades económicas que se caractericen por desarrollarse con el consumidor final y se aprecie riesgo de incumplimiento. En este sentido, fuentes de la Agencia Tributaria pusieron como ejemplo los establecimientos que no permiten el pago con tarjetas de crédito.

La otra novedad tiene que ver con las actuaciones en la economía digital. El Plan de Control reconoce que la tecnología da lugar a nuevos modelos de negocio que suponen «nuevos desafíos» desde el punto de vista tributario. Así, se intensificarán los análisis de los nuevos medios de pago como las criptomonedas (bitcoin), pagos desde dispositivos móviles, etc- por el riesgo de que faciliten la opacidad de las operaciones. Asimismo, se potenciará la colaboración con agencias tributarias de otros países para la comprobación de los beneficios obtenidos por agentes económicos que utilizan internet como medio para publicitar bienes y servicios.

Las primeras reacciones al Plan de Control fueron positivas. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) mostró su respaldo a la intención de Hacienda de incrementar la vigilancia de las grandes fortunas y luchar contra la elusión de las multinacionales. Esta prácticas de las corporaciones empresariales implican unas pérdidas de 9.600 millones al año en España, según sus estimaciones. Sin embargo, Gestha reprochó al Gobierno que no solucione el «déficit de plantilla» que soporta la Agencia Tributaria.