Las grandes empresas tributaron sólo un 7,6% en 2015, la mitad que las pymes

Las grandes empresas soportaron un tipo efectivo de sólo el 7,6% de sus beneficios en 2015, frente al 18% que pagaron las pymes. Es decir, la mitad de tributación. Hay que tener en cuenta que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en ese ejercicio fue del 28% (ahora ya es del 25% por la implantación total de la reforma fiscal). Un escenario que se repite cada año y que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, reconoció ayer que es incomprensible para los ciudadanos. «No puede ser que las pymes paguen un 18% y los grandes grupos un 7%. Eso no se entiende», afirmó durante su comparecencia en el Congreso. En cualquier caso, el titular de Hacienda resaltó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos años para ensanchar las bases imponibles de ese gravamen han permitido un incremento del tipo real que pagan las grandes compañías. De hecho, se ha duplicado desde que en 2011 alcanzara su mínimo con el 3,8%. En 2014 ya se elevó al 6,9%. Pese a todo, una cifra muy inferior al 13,9% de las pymes. Las grandes empresas consideran que este cálculo no es correcto porque se hace en base a sus ingresos contables a nivel mundial y no sólo a los beneficios en España.

Un argumento que no parece convencer al Gobierno. Precisamente, Montoro esgrimió la necesidad de recortar esta diferencia de tributación entre grandes y pequeñas compañías para justificar las medidas aprobadas el pasado diciembre en Sociedades y que implican la eliminación de deducciones y el endurecimiento de los aplazamientos. El objetivo es lograr un incremento de 4.650 millones en los ingresos de este tributo y acercar el tipo efectivo al nominal como está recogido en su acuerdo de investidura con Ciudadanos.

«A las grandes empresas les conviene tributar más para que se sostenga la cohesión social», insistió Montoro en la comisión de Hacienda del Congreso. De hecho, el ministro recordó que Sociedades es el único de los grandes impuestos que todavía no ha recuperado el nivel de ingresos precrisis (IRPF, IVA y Especiales ya lo han conseguido). En concreto, le faltan todavía 20.000 millones para alcanzar las cifras de 2007.

El comportamiento en Sociedades el año pasado llegó a ser muy preocupante tras hundirse un 25% en la primera parte del ejercicio. Este desplome, que comprometía el propio objetivo de déficit, obligó al Ejecutivo a tomar medidas de forma urgente como el adelanto del pago fraccionado para aquellas compañías con una facturación superior a los 10 millones (unas 9.000). La decisión buscaba obtener 8.300 millones extra. Todos estos cambios en el gravamen no han gustado nada a los empresarios. Desde la CEOE han criticado con dureza la «inseguridad jurídica» que supone esta modificación de reglas de juego a última hora, sobre todo las medidas aprobadas en diciembre. De hecho, la patronal ha amenazado con llevar al Tribunal Constitucional estos cambios por su «carácter retroactivo».

Unas declaraciones que no han provocado ningún cambio en Hacienda. Es más, Montoro aseguró ayer que ya escuchó quejas parecidas en 2012 cuando tuvieron que limitar algunas deducciones como la de los gastos financieros. Pese a todo el ministro recordó que se han mantenido otros incentivos como el relativo al I+D o la reserva de capitalización.

Beneficio de la duda

La comparecencia también sirvió para que Montoro confirmara, ante las dudas planteadas por la oposición, que los autónomos podrán aplazar el pago del IVA de forma automática sin necesidad de garantías hasta los 30.000 euros por un plazo de 12 meses y las pymes hasta los seis meses. «Se les concede el beneficio de la duda», afirmó el titular de Hacienda. Una medida recogida en una instrucción de la Agencia Tributaria publicada el pasado 17 de enero que exime a estos colectivos del endurecimiento en el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias. Si la cantidad adeudada es superior entonces deberán justificar que no han cobrado esa factura por parte de su cliente.

Por otra parte, Montoro reiteró que Bruselas no ha pedido a España ninguna medida adicional para cumplir el déficit del 3,1% de 2017 y que supone un ajuste de 16.000 millones desde el 4,6% de 2016. El ministro reconoció que el informe invita a las autoridades a actuar si fuera necesario y dejó claro que «el Gobierno estará preparado» para ello.