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Las diferencias son tan abismales que inducen al agravio comparativo
Las diferencias son tan abismales que inducen al agravio comparativo / SUR

Esta herencia es una ruina

  • Las diferencias entre comunidades generan un agravio comparativo que ha puesto en entredicho el Impuesto de Sucesiones

Dice el refranero popular que heredar hace medrar, pero el dicho no se cumple igual en Andalucía que en Canarias. El tajo que se lleva el fisco cuando un patrimonio pasa de padres a hijos varía ostensiblemente en función de las comunidades autónomas, que tienen transferida la competencia sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El resultado es que por el mismo caudal –pongamos 850.000 euros–, un asturiano paga 167.492 euros, mientras que un madrileño desembolsa 1.673 y un canario solo 163. Las diferencias son tan abismales que inducen al agravio comparativo, lo que ha convertido el tributo en uno de los más discutidos.

«Armonización fiscal», ha sido el mantra más repetido por dirigentes de distinto signo político en la Conferencia de Presidentes autonómicos de esta semana. Susana Díaz ha pedido homogeneizar el impuesto y establecer tipos mínimos y máximos para evitar los «paraísos fiscales» internos. ‘Dumping’ fiscal, lo llaman. Cristina Cifuentes también se ha mostrado partidaria de que se revise el impuesto, pero a la baja. La ansiada armonía parece dificil de lograr, pero en cualquier caso el asunto ha entrado de lleno en la agenda política.

En la práctica hay 17 impuestos de sucesiones diferentes que oscilan entre la bonificación casi total y los tipos más altos. Además de Canarias, donde el impuesto se queda en un irrisorio 0,02%, las comunidades más baratas son Madrid, La Rioja, País Vasco y Navarra. Entre las más caras, Andalucía, Asturias, Aragón, Murcia o Castilla y León. «La disparidad es claramente discriminatoria, ya que trata de forma muy diferente supuestos iguales, pero también es perfectamente legal, fruto del reparto de competencias entre las administraciones», reconoce un abogado especializado del despacho Garrigues.

Existen algunos beneficios fiscales que mitigan el impacto del tributo sobre las familias, pero también varían. Es el caso del mínimo exento. En Extremadura está en 175.000, Asturias acaba de subirlo de 150.000 a 300.000 y Andalucía lo ha doblado hasta llegar a los 250.000. La transmisión de la vivienda habitual está bonificada entre el 95 y el 99% y también hay beneficios para las empresas familiares. En cualquier caso, «la fiscalidad no debería ser un impedimento para la continuidad de una empresa», advierte el Instituto de la Empresa Familiar, que reclama un «marco fiscal transparente, estable, predecible y que no sea discriminatorio».

Tampoco es lo mismo heredar de padres a hijos o nietos, que recibir el patrimonio de un tío o un hermano. En ese caso apenas se aplican bonificaciones, por lo que la mordida de Hacienda es mayor. Pero el principal problema para muchos herederos es la tasación que se hace de los bienes que heredan. «Me valoran el piso de mis padres en 300.000 euros, pero hoy en día no se vende nada y es muy difícil que alguien esté dispuesto a pagar esa cifra», lamenta Roberto, un mecánico sevillano. El pago del impuesto, aunque puede fraccionarse, se exige en efectivo, lo que ha puesto a muchas familias sin liquidez en apuros.

«Es un impuesto que castiga a la clase media que ha trabajado con la ilusión de dejar algo a sus descendientes», opina Juan Carlos Valverde, portavoz de la asociación Stop Impuesto Sucesiones que se constituyó ayer en Sevilla. El objetivo del colectivo, que ha aglutinado movimientos críticos de los territorios más castigados como Asturias o Andalucía, es presionar para que se suprima o armonice a la baja el impuesto a nivel nacional. «No podemos pagar hasta mil veces más por este impuesto que otro ciudadano español», claman. No es la única iniciativa: en Change.org hay varias peticiones para que se suprima el impuesto que acumulan entre todas en torno a 210.000 firmas.

Esta herencia es una ruina

El asunto enfrenta a conservadores y progresistas en distintas autonomías. En Andalucía, el gabinete de Susana Díaz ha optado por doblar el mínimo exento para desactivar la estrategia del PP, que había hecho del tributo su caballo de batalla. En Asturias, los populares apoyarán los presupuestos del Gobierno de Javier Fernández a cambio de que el corte pase de 150.000 a 300.000. Dejará de recaudar unos 20 millones de euros. Galicia, gobernada por el PP desde hace décadas, era hasta hace poco la comunidad que más presión fiscal soportaban los herederos. En 2015 subió el mínimo de 125.000 a 400.000 y rebajó los tipos. Extremadura ha establecido un sistema de bonificaciones por tramos que en la práctica le equipara a Madrid. Previsiblemente, reducirá la recaudación en 19,5 millones de euros.

Paradójicamente, un tipo más gravoso no implica una mayor recaudación. Madrid, con el impuesto más bajo y 2 millones de habitantes menos, generalmente recauda más que Andalucía por el impuesto de sucesiones. Este año la diferencia será mayor gracias a la tributación de la herencia del expresidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, que ha conseguido elevar la recaudación un 40% en un contexto general de caídas de en torno al 0,5%.

Hay quien asegura que las diferencias en este impuesto están provocando un éxodo fiscal. «Cuando me jubile me mudo a Madrid», afirma Francisco Toledo, un médico gaditano dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional para luchar contra lo que considera un trato «discriminatorio». Aunque se hizo circular la cifra de 40.000 andaluces que se habían empadronado en un año en Madrid para evitar el pago, los datos de la Agencia Tributaria dicen que los contribuyentes que hicieron esa mudanza no llegaron a 6.500 personas. En cualquier caso, esa posibilidad está al alcance de una clase acomodada con capacidad para fijar su residencia en función de los beneficios fiscales. Esa que ya no necesita trabajar para medrar.

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