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Álvaro Nadal, ministro de Energía.
Los usuarios más vulnerables se podrían ahorrar hasta el 100% de la factura eléctrica

Los usuarios más vulnerables se podrían ahorrar hasta el 100% de la factura eléctrica

Gobierno y oposición acuerdan ligar a la renta los descuentos del bono social y que se avise hasta cuatro meses antes del corte de suministro

José Antonio Bravo

Martes, 17 de enero 2017, 21:41

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La nueva normativa sobre el bono social eléctrico podría recoger un ahorro en la tarifa de hasta el 100% para los hogares más vulnerables. Esa es una de las medidas que están barajando los grupos de la oposición y que este martes le trasladaron al ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien está dispuesto a estudiarla junto a otras propuestas que recibirá en un plazo de dos semanas.

Aunque el marco social del nuevo bono se aprobó por decreto el pasado 23 de diciembre -tras obligar el Tribunal Supremo a modificarlo, si bien las eléctricas (esta vez todas y no solo las principales del mercado) lo seguirán costeando-, falta por desarrollar su reglamento. Y en esa letra pequeña se plasmará qué colectivos y en qué medida pueden beneficiarse.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron este martes en que el descuento a recibir dependerá del volumen de renta y que la media sería del 25%. Los beneficiarios serían básicamente los mismos que hasta ahora, aunque con matices: los hogares con todos sus miembros en paro, los mayores de 60 años con pensiones mínimas y las casas con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios aunque se tratará de distinguir que no sean segundas residencias, locales o garajes.

Asimismo, se establecerá algún mecanismo para diferencias las familias numerosas que realmente sean vulnerables, de modo que solo aquellas con rentas bajas tuvieran acceso al ahorro en la factura eléctrica vía bono social. La clave para evitar discriminaciones, reconocen fuentes parlamentarias, será poder modular esos ingresos en función del número de miembros de cada hogar.

100.000 casos casi extremos

Respecto al corte de suministro el caso de impago, las eléctricas deberán avisar antes a usuarios y administraciones (ayuntamiento y comunidad). Energía maneja un plazo de dos meses, pero Ciudadanos y otros partidos quieren el doble para dar tiempo a los servicios sociales a analizar su vulnerabilidad y, en los casos más extremos, incluso garantizar que tengan luz pese a no poder pagarla. Según distintas ONGs existen cinco millones de consumidores con dificultades para pagar la electricidad, de los cuales 100.000 estarían en una situación casi extrema.

De hecho, una de las propuestas que están encima de la mesa es que para los casos más acuciantes -el Ministerio esperará a recibir las sugerencias de los partidos antes de presentar su definición de lo que es una persona vulnerable respecto al consumo eléctrico- el descuento en la factura eléctrica pueda ser total. En esos supuestos el coste del suministro se repartiría de forma proporcional (aún no se establecido cuánto) entre las propias compañías eléctricas y las administraciones territoriales pertinentes.

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