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J. A. BRAVO
Jueves, 8 de diciembre 2016, 00:44
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madrid. Coincidencia casi total entre el fiscal y las acusaciones, tanto particular como popular, respecto a la responsabilidad de los 65 acusados por las llamadas tarjetas 'black', a quienes reprochan haberse saltado prácticamente a la torera los estatutos de Caja Madrid y otras normas internas para realizar «una desviación de fondos» casi de manual. Sin embargo, ayer discreparon al determinar qué entidad debe ser indemnizada por el dinero cobrado «ilícitamente».
Bankia y su matriz, BFA, reclaman que debe ser para ellas como herederas de la entidad de ahorros mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -a su vez accionista mayoritario de BFA-, esto es, el Estado, argumenta que debe ser el beneficiario porque costeó los 22.424 millones de su rescate, el más caro de la banca nacional.
En juego hay 12 millones de euros en indemnizaciones por las sumas despilfarradas con esas polémicas tarjetas entre 1999 y 2012, una vez descontados otros 3,5 millones que corresponden a gastos irregulares ya prescritos. Pero apenas se han reintegrado 1,7 millones y solo por parte de un tercio de los acusados. La sesión de ayer del juicio también sirvió para que las acusaciones sostuvieran que «se ha probado al margen de toda duda» que las tarjetas eran «irregulares». «Todo en ellas era opaco, black, o un asunto delicado como recordaba el secretario general de la caja, el señor (Enrique) De la Torre en el mail a su sucesor en el cargo», argumentaron.
«Caracterizarlas como gastos de representación, incluso a efectos contables, es contrario a los hechos», apuntaron. «Y si no son eso -añadieron- son remuneración pero eso resulta ilícito» al ir contra las normas de la entidad.
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