Diario Sur

Bruselas obliga a restringir la concesión de contratos públicos sin publicidad

  • El Gobierno reforma con «urgencia» la ley donde incentivará la división contractual en lotes para favorecer a las pymes y penalizar la morosidad

Los contratos públicos serán más transparentes -los supuestos que permiten evitar la publicidad se reducen a «casos muy excepcionales»- y, además, tendrán una supervisión mayor como viene exigiendo la Comisión Europea (CE) desde hace meses. El Consejo de Ministros aprobó ayer, pasados varios toques de campana, dos proyectos de ley que aseguran la transposición a la legislación española de tres directivas comunitarias sobre la materia aprobadas en marzo de 2014.

De hecho, las autoridades de Bruselas ya tienen abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber aplicado esas directivas en plazo: venció el 18 de abril y al estar el Ejecutivo en funciones no ha podido realizarlo antes. Por el momento, la CE ha remitido una carta de emplazamiento a España, paso previo a que presente sus alegaciones antes de determinar qué sanción le puede imponer.

En el Gobierno, no obstante, confían en evitar finalmente una multa aunque para ello necesitan que ambos proyectos se tramiten con «urgencia» en el Parlamento. En el plan presupuestario que el Ministerio de Economía remitió a Bruselas el 15 de octubre, anunciando la prórroga de las cuentas del Estado para 2017 porque aún no había nuevo Ejecutivo, España se comprometió a trasponer ese paquete de directivas.

El cambio más llamativo en la normativa española sobre contratación -uno de los proyectos modifica la ley general y el otro se refiere a sectores específicos como el agua, la energía, los transportes y los servicios postales- es que se restringe la posibilidad de negociar acuerdos sin publicidad. Este es un punto muy criticado por la Comisión, que sitúa a España como uno de los socios de la UE con un nivel más bajo de divulgación pública en sus contratos.

Hasta ahora, en el sector público se podía optar por el llamado procedimiento negociado, que no tiene publicidad y solo obliga a que haya tres posibles contratistas entre los que elegir, en varios supuestos: casos de «imperiosa urgencia», existencia de un proveedor único, concursos desiertos y cuando el contrato tiene una cuantía «relativamente reducida» (menos de 200.000 euros en obras y un tope de 60.000 en prestación de servicios). A partir de ahora se eliminará la última opción.

Se crea, no obstante, un nuevo procedimiento de contratación denominado «abierto simplificado», cuya duración será bastante breve (alrededor de un mes) ya que se decidirá con criterios «prácticamente automáticos» (no sujetos a juicio de valor por el órgano correspondiente) aunque sí tendrá publicidad.

Asimismo, se extiende el ámbito de aplicación de la ley a los partidos políticos, sus fundaciones, los sindicatos y las asociaciones empresariales, algo ya previsto en la Ley de Transparencia. Y en la prohibición de contratar se añaden nuevos supuestos como, por ejemplo, los condenados por sentencia penal firme por un delito de corrupción. También se eleva hasta los parientes de segundo grado por consanguinidad o afinidad de un alto cargo la exclusión de participar en esos procesos si existe conflicto de intereses.

Otra novedad es que, para facilitar un «mayor acceso» de la pequeña y mediana empresa a los contratos públicos, se incentivará que se dividan en lotes -lo contrario que ahora-, obligando a justificar «como excepcional» el hecho de que no se haga así. Además, las pymes se verán favorecidas al penalizarse a las empresas morosas con sus subcontratistas, atendiendo como criterio para la concesión el período medio con el que cumplen sus pagos.

Por último, y para combatir las ofertas «anormalmente bajas» ('dumping'), se limitarían al 2,5% del precio medio. A su vez, la modificación en vía de ejecución no podrá superar el 50% del valor total del contrato.