Diario Sur

Energía repartirá el coste del bono social entre las 250 eléctricas

  • Álvaro Nadal obtiene el apoyo unánime de la oposición para cambiar la financiación, que asumirá todo el sector, y cumplir con el Supremo

madrid. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha logrado el respaldo de todo el arco parlamentario para endosar al sector eléctrico la factura del bono social de la luz después de la reunión mantenida ayer con los representantes de los diferentes grupos políticos. Lo hará cambiando el sistema de financiación actual, en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaba el anterior por el que las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) asumían la mayor parte del coste de esta ayuda. Pero será de nuevo el sector, y no los consumidores -a través de un incremento del recibo- o los contribuyentes -vía presupuestos-, quienes carguen con esta losa de 200 millones al año.

Nadal salió del encuentro haciendo gala de la «unanimidad» que existe entre todos los partidos para que sea el conjunto del sector privado, sin discriminación, el que soporte el importe del bono social, que consiste en un descuento del 25% en la parte del consumo de energía para 2,4 millones de hogares. El ministro no quiso ir más allá acerca de la devolución de los 500 millones que el alto tribunal exige al Gobierno revierta a las grandes eléctricas, pues el Ejecutivo ha recurrido el fallo ante los «problemas jurídicos» que han detectado en ese texto.

La modificación de la norma pasa por ampliar su financiación a todo el sector. El fallo del Tribunal Supremo, del pasado mes de octubre, consideraba «discriminatorio» y «poco transparente» el hecho de que entre los agentes que intervienen en los tres sectores del sistema eléctrico -generación,distribución y comercialización- el coste del bono social se haga recaer únicamente sobre los grupos que desarrollen simultáneamente las tres actividades. Y quedaban «eximidos de esa carga todas las empresas cuya actividad se centre en sólo uno o incluso en dos de esos sectores», según los magistrados.

Lo más probable es que un inminente real decreto, que podría estar preparado a muy corto plazo, extienda esa responsabilidad. Si se incluye a todas las comercializadorsas, se repartirá la tarta entre unas 250 empresas, según apuntan fuentes cercanas a la negociación entre los partidos con el Ejecutivo. Por ejemplo, Acciona y Red Eléctrica no participaban de ese coste; en un caso por ejercer exclusivamente como generadora; y en el otro por ser la titular de la distribución. Además, existen decenas de compañías que comercializan servicios de electricidad, pero que quedaban al margen de aportar dinero para esa ayuda energética, al dedicarse en exclusiva a un único negocio.

Laberinto competencial

El encuentro de ayer también sirvió para iniciar las conversaciones para «mejorar» la fórmula del bono social que se encuentra en vigor, según anticipó el ministro. «El elemento más complejo será el de determinar cómo mejorar la situación de los consumidores más vulnerables, que son a quienes se les va a cortar la luz», indicó Nadal.

El problema es que durante la reunión aparecieron discrepancias en torno a las competencias de cada administración a la hora de afrontar la pobreza energética. «Debemos determinar cómo respetar la actuación de Estado, comunidades y ayuntamientos», indicó Álvaro Nadal, quien insiste en derivar a los entes territoriales las cuestiones relacionadas con los servicios sociales, aunque vayan ligados a problemas energéticos. Por su parte, Pilar Lucio, portavoz del PSOE en la Comisión de Energía, recordó que «si las comunidades han tomado medidas ha sido por la inacción del Gobierno». Y apuntó que el Ejecutivo es el que tiene la potestad para actuar en estas circunstancias. En cualquier caso, Álvaro Nadal descartó ayer, de nuevo, declarar una 'tregua invernal' para evitar más cortes de luz como ocurre en otros muchos países europeos durante estos meses.