Diario Sur

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: Jaime García
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: Jaime García

Montoro quiere limitar más los pagos en efectivo para luchar contra el fraude

  • El ministro también anuncia un mayor control en la liquidación del IVA y el endurecimiento de los aplazamientos de pago a la Agencia Tributaria

El Gobierno restringirá más los pagos en efectivo, limitados ya en la pasada legislatura, para luchar contra el fraude fiscal. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En concreto, esta iniciativa formará parte de un nuevo paquete de medidas para reforzar las actuaciones contra la economía sumergida que presentará el Ejecutivo a mediados de diciembre y que tiene como destinatario último Bruselas. Y es que una de las promesas del ministro Luis de Guindos ante la Comisión Europea para evitar la multa por incumplir el déficit de 2015 fue aumentar en 1.000 millones la recaudacón contra el fraude. Por este motivo, el propio Montoro reconoció que la batería de iniciativas que prepara su departamento «pueden reportar importantes ingresos» a partir de 2017.

Hacienda ya endureció los pagos en efectivo en 2012 al limitarlos a 2.500 euros siempre y cuando una de las partes fuese un profesional o una empresa. Una cifra que se amplía hasta los 15.000 euros en el caso de que el pagador sea un particular no residente en España. En caso de exceder el límite la sanción alcanza el 25% del valor de la operación para ambas partes.

Ahora Montoro quiere ir más allá y está dispuesto a «reducir los pagos en efectivo». Sin embargo, el ministro no dio más información y aplazó los detalles de la medida a su presentación en las próximas semanas. De hecho, Hacienda no aclaró si la medida supone reducir el límite de 2.500 euros o endurecer también los requisitos, es decir, que el importe máximo de pago pueda hacer referencia también al intercambio de dinero con fines comerciales independientemente de la residencia del pagador.

En cualquier caso, el titular de Hacienda también avanzó en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, que otra de las iniciativas en la lucha contra el fraude irá en la dirección de aumentar el «control de las liquidaciones del IVA». Tampoco dio más detalles, pero volvió a reiterar que una subida de este impuesto no está en la agenda del Ejecutivo. Asimismo, se revisarán los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria porque, en su opinión, «no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos» y quede un volumen de deuda pendiente de «decenas de miles de millones de euros».

De hecho, en 2015 esa cantidad se situó en 49.272 millones a pesar de que se redujo por primera vez desde 1999. Y es que el dinero que los contribuyentes deben al fisco se ha duplicado desde que comenzó la crisis. En este sentido, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, lamentó hace unas semanas que la mitad de ese importe no puede cobrarse porque son gestiones de cobro que están «aplazadas o recurridas». Es en ese punto donde Hacienda quiere intervenir ahora para agilizar los trámites o incrementar los requisitos para poder solicitar un aplazamiento.

Reducir a 1.000 euros

Por su parte, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) pidió que se reduzca el límite de los pagos en efectivo a 1.000 euros y que, además, las facturas al contado que sobrepasen esa cuantía no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades como ocurre ahora. También se mostraron críticos con el endurecimiento de los requisitos para conseguir aplazamientos al considerar que no es una medida de lucha contra el fraude, «sino una manera de reducir el déficit por el simple efecto contable de anticipar cobros aunque se restrinja un derecho de los contribuyentes». En este sentido, resaltaron la «contradicción» del Gobierno al señalar que el año pasado el Gobierno aprobó un aumento de la cuantía de los aplazamientos que no requieren ningún tipo de aval o garantía de los 18.000 euros hasta los 30.000 euros

La lucha contra el fraude se ha convertido en una enorme fuente de ingresos para las arcas públicas. En concreto, el año pasado la recaudación por estas actuaciones permitieron recuperar 15.664 millones, una cifra récord. Sin embargo, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ya advirtieron en su último congreso celebrado hace un mes que los ingresos de la lucha contra el fraude pueden haber tocado techo. Quizás por eso el Gobierno prepara estas nuevas medidas en busca de incrementar unos ingresos que suavicen el ajuste de 5.500 millones que pide Bruselas en 2017.