Diario Sur

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en un acto de Fedeca. :: xxx
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en un acto de Fedeca. :: xxx

Hacienda avisará por carta de que las investigaciones por la amnistía no prescriben

  • Las misivas son un gesto hacia Ciudadanos, pero no supone aumentar la tributación por la regularización como pide el partido de Rivera

La amnistía fiscal se ha convertido en la primera prueba de fuego del acuerdo entre el PP y Ciudadanos. El Gobierno es consciente de ello y por eso ha decidido tener un gesto hacia el partido de Albert Rivera que ha convertido este punto en uno de sus emblemas. En concreto, Hacienda avisará por carta a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la regularización de 2012 de que «no hay caducidad en ese procedimiento». Así lo explicó ayer el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, al insistir en que «todas las investigaciones realizadas a raíz de ese proceso no caducan a final de mes». Con esta medida el Ejecutivo intenta despejar las dudas sobre una posible prescripción el próximo 30 de noviembre -justo cuando se cumplen cuatro años del plazo para presentar la amnistía- y también responde parcialmente a las peticiones de Ciudadanos, que exigían a Hacienda actuar para evitar una eventual caducidad de los hechos. «No hay prescripción. No hay ninguna preocupación por que prescriba nada», reiteró Montoro tras participar en una jornada de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca).

En cualquier caso, la carta que enviará la Agencia Tributaria «en las próximas horas» es más un guiño al partido liberal que un cambio real en la postura de Hacienda. De hecho, no supone que quienes se acogieron a la amnistía vayan a tributar más, como exige Albert Rivera y como está firmado en el acuerdo entre Ciudadanos y el PP. En concreto, el texto recoge que los amnistiados tributen un 10% por sus rentas regularizadas como estaba previsto al comienzo del proceso y no el 3% por el que tributaron al final al eliminar las rentas de ejercicios prescritos ya en 2012. Desde Ciudadanos estimaron en un principio que ese incremento permitiría recaudar 2.800 millones.

Para redoblar la presión, el Congreso también instó al Ejecutivo a poner en marcha esa medida mediante la aprobación de una proposición no de ley. Sin embargo, Hacienda se resiste a esta modificación y siempre ha considerado inviable esa revisión por su carácter retroactivo. Una postura que también comparten los asesores fiscales, que tachan de «inconstitucional» una iniciativa en ese sentido. La Asociación Española de Asesores Fiscales va incluso más allá y considera que los ejercicios regularizados en la amnistía prescribieron el año pasado.

Desde Ciudadanos valoraron ayer el gesto del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Sin embargo, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Melisa Rodríguez, pidió que se extienda la investigación «a todos los expedientes» de contribuyentes que se acogieron a la amnistía. Sin embargo, Hacienda afirma que las investigaciones ya se están produciendo a partir de la información obtenida por medio de la regularización y el cruce de datos de otras declaraciones como la de bienes en el extranjero.

Actuaciones inspectoras

Desde 2013 ha habido 3.413 actuaciones inspectoras sobre declarantes de la amnistía fiscal que han aflorado 238 millones de deuda instruida, de los que 182 millones ya se han liquidado, según los últimos datos aportados por el director de la Agencia Tributaria. De esas comprobaciones, 2.214 inspecciones se realizaron a contribuyentes que se acogieron a la regularización y que además declararon bienes en el exterior.

Por otra parte, el Gobierno sigue trabajando en los Presupuestos de 2017. Así, Montoro rechazó una subida del IRPF y el IVA para lograr el ajuste de al menos 5.500 millones que exige Bruselas para reducir el déficit al 3,1%. Sin embargo, sí ha reconocido que estudian otras posibilidades para mejorar la recaudación. «Estamos trabajando en continuar con un cambio en Sociedades y en modificar algunos de los tributos especiales (alcohol, tabaco...)», declaró.

Sin duda, la clave se encuentra en saber hasta dónde llegará la eliminación o limitación de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Precisamente, el acuerdo pactado entre PP y Ciudadanos también recoge «recaudar más sin subir los tipos nominales» con el objetivo de «cerrar los agujeros» presentes en esta figura. Otra opción es aumentar la fiscalidad medioambiental, que también afectaría especialmente a las empresas.