Diario Sur

Los asesores fiscales se oponen a revisar la amnistía

  • Consideran que, además de ser «imposible», los años regularizados están prescritos y rechazan las subidas de impuestos para atajar el déficit

madrid. Los asesores fiscales advirtieron ayer de que cualquier revisión de la amnistía fiscal sería «técnicamente imposible» y además «inconstitucional» por el carácter retroactivo que implicaría. Así de claro se expresó el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), José Ignacio Alemany, al recordar que la propuesta de Ciudadanos -recogida en el acuerdo firmado con el PP- para que los 30.000 contribuyentes que regularizaron su situación tributen un 10% como estaba previsto, y no un 3% como finalmente ocurrió, crearía una enorme inseguridad jurídica.

El presidente de AEDAF recordó que los ejercicios afectados por la amnistía (2007-2010) están prescritos desde el año pasado. De esta forma, Alemany restó trascendencia al supuesto límite del próximo 30 de noviembre (día en el que se cumplen cuatro años de la amnistía y prescribirían los delitos) al afirmar que la fecha es «irrelevante».

Por otra parte, los asesores fiscales también mostraron su rechazo a una posible subida de impuestos para reducir el déficit público, después de que Mariano Rajoy dejara la puerta abierta a elevar la fiscalidad en tributos no «importantes», como los medioambientales o los Impuestos Especiales. Desde AEDAF advirtieron de que «subir tipos incentiva el fraude y la economía sumergida». Alemany recordó que la presión fiscal «ya está al límite».

La AEDAF presentó ayer las iniciativas fiscales que proponen al nuevo Gobierno. Entre ellas, aboga por suprimir la declaración de bienes en el extranjero para los derechos situados en países de la UE o con territorios que tengan firmado un acuerdo de intercambio de información con España. También instana limitar la lista de morosos a los casos donde exista una sentencia firme y se ciña a grandes defraudadores. Y muestra su rechazo a la modificación de los pagos fraccionados en Sociedades con los que el Gobierno espera ingresar 8.300 millones.