Diario Sur

Bancos y energéticas, en la diana de Latinoamérica

  • Las expropiaciones de firmas españolas se han sucedido en lo que va de siglo en el Cono Sur, con la de Repsol-YPF como último gran conflicto

madrid. Las intervenciones de los distintos países latinoamericanos en sus sectores económicos estratégicos se han llevado por delante las inversiones de compañías españolas que habían hecho negocio en países como Argentina, Bolivia o Venezuela, los más proclives a expropiar.

Desde que en el año 2001 el Grupo Marsans tomara el control de Aerolíneas Argentinas -una de las primeras grandes compras españolas en el Cono Sur-, hasta que el Gobierno de ese mismo país decidiera expropiar la petrolera YPF a Repsol -la última gran intervención estatal- han transcurrido 15 años en los que las firmas energéticas, así como la banca, han sido objeto de los decretos de nacionalización.

En el caso argentino, además de su compañía aérea de bandera, de la que finalmente Marsans tuvo que desprenderse tras una huelga contra la dirección, el Ejecutivo rescindió en 2006 el contrato que tenía con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez y la española Agbar (de 'la Caixa'). Ocurrió lo mismo en 2008, cuando el Congreso aprobó la nacionalización de las pensiones privadas, con BBVA como uno de los principales afectados.

En Bolivia, también fue Repsol la afectada por la decisión del presidente Evo Morales de tomar el «control absoluto» de sus hidrocarburos. La petrolera tuvo que entregar toda su producción a YPFB, el conglomerado energético estatal. En el plano eléctrico, Morales también intervino en 2012 la empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica. Incluso decenas de militares y policías tomaron las instalaciones de la sociedad. Y con la desaparición del sistema de pensiones privado, decenas de filiales bancarias españolas se vieron afectadas por esta decisión.

En 2009, Hugo Chávez, presidente de Venezuela instó a nacionalizar la filial que Banco Santander tenía en el país en una operación que costó a la República más de 1.000 millones de euros.