Contradicciones de acusados y testigos en el juicio de las tarjetas 'black'

Cuando el juicio por las polémicas tarjetas 'black' encara ya su recta final -las conclusiones finales se presentarán en la primera semana de diciembre- una de las cosas más evidentes que ha deparado son las contradicciones, tanto entre los propios acusados como con parte de los testigos. Y la conclusión de todo ello, según fuentes jurídicas, es que se han podido crear dudas de cara a la decisión del tribunal.

De hecho, la intención de los abogados de los 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que desde finales de septiembre se sientan en el banquillo por el despilfarro de 15,5 millones de euros con ellas entre 1999 y 2012 es hacer que esas dudas sean «razonables», lo que impediría que sus patrocinados fueran condenados. Ayer parecieron conseguirlo por momentos, aunque al final volvieron las vacilaciones.

Tres exconsejeros de Caja Madrid, imputados en la fase inicial del caso y ahora testigos de la defensa -se libraron prescripción del delito en su caso-, coincidieron en afirmar que los controvertidos 'plásticos' formaban parte de su sueldo. «Al final no podía ser otra cosa más que una retribución; lo sabía todo el mundo», afirmó Emilio Navasqües, a la vez hermano de uno de los acusados.

Preguntado por varias de las defensas, declaró que la dinámica no cambió tras el relevo en la presidencia de Jaime Terceiro por Miguel Blesa en 1996, pese a lo testificado hace tres semanas por el primero. «Todo siguió igual», señaló. Así, por ejemplo, dijo que aunque su tarjeta disponía de clave PIN (para usarla libremente) no llegó a utilizarla.

Y es que, pese a su tesis de que la polémica tarjeta era una parte más de su retribución -al entregársela le comentaron: «Para tus gastos»-, Ángel Montero, exsecretario general de la caja de ahorros y ya fallecido, le advirtió: «No te pases del límite». En el caso de su excompañero de consejo, Ignacio Varela, tal tope era de 2.500 euros mensuales.

Este testigo, no obstante, intentó matizar tal condicionante a preguntas de las acusaciones: me dijeron el límite «porque lo pregunté, no como una imposición». Su respuesta extrañó al letrado de la asociación CIC, que ejerce la acción popular, quien le preguntó si siempre agotaba ese tope. Varela contestó que no y el abogado volvió a la carga: «Entonces, usted realizaba donaciones de parte de su salario a Caja Madrid, ¿no es así?».

Varela no supo qué contestar de primeras, aunque luego trató de argumentar que «por mis finanzas personales» no necesitaba agotar el saldo. No era la única limitación pues reconoció, a preguntas del fiscal, que le dijeron que debía utilizarla «de forma adecuada, con prudencia», e incluso mantener cierto control manual de sus gastos -la caja no les daba sus movimientos, algo que suele pasar con los 'plásticos' de empresa-.

Añadió, además, que en la caja le dijeron que «todo estaba bajo supervisión del Banco de España y la CNMV; por tanto, las garantías eran totales y yo confié en ello».