Diario Sur

Conde se implica en un fraude fiscal y otro delito para negar el blanqueo

Mario Conde, a su salida de la Audiencia Nacional para entregar el pasaporte tras quedar en libertad bajo fianza de 300.000 euros. :: efe
Mario Conde, a su salida de la Audiencia Nacional para entregar el pasaporte tras quedar en libertad bajo fianza de 300.000 euros. :: efe
  • Reconoce que ocultó a la Agencia Tributaria que tenía 14 millones en Suiza, pese a deberle todavía 10, y vincula ese dinero a una etapa anterior a Banesto

En ocasiones la mejor defensa suele ser un buen ataque, también en los tribunales, pero la última maniobra emprendida por Mario Conde se antoja algo arriesgada aunque a la larga puede beneficiarle como mal menor ante el riesgo de enfrentarse a una hipotética condena de más de 15 años de cárcel. El exbanquero está acusado de sendos delitos de alzamiento de bienes, fraude a Hacienda, blanqueo de capitales y organización criminal a raíz de la repatriación a España entre 1999 y 2014 de casi 14 millones de euros que supuestamente procederían del saqueo de Banesto a principios de los 90.

Sus abogados presentaron días atrás en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional varios documentos bancarios que presuntamente acreditarían que ese dinero, en realidad, procede de operaciones realizadas antes de que accediera a la presidencia de Banesto en noviembre de 1987. En concreto, algo más de dos tercios (9,4 millones) vendrían «de la venta de la sociedad Antibióticos SA -de la que era uno de los principales socios- al grupo italiano Montedison» por 58.000 millones de pesetas de la época (348,6 millones de euros).

El dinero fue ingresado pocos meses antes en la cuenta 8357 de la banca suiza Dreyfus Sons & Co, que había sido abierta en 1980 y que para entonces (1987) ya tenía un saldo positivo de cuatro millones que la defensa del exbanquero no aclara.

De confirmarse la veracidad de esos documentos -el juez instructor, Santiago Pedraz, aún no ha tomado una decisión al respecto-, Conde podría librarse de la acusación por blanqueo de capitales, puesto que los investigadores (tanto de la Policía como de la Guardia Civil) la vinculan a las «apropiaciones indebidas que el condenado realizó contra Banesto» y que «ha venido desarrollando mediante su entorno más cercano, familiares y amigos de su máxima confianza».

El problema es que de forma voluntaria, o involuntaria, se estaría autoimplicando con esas pruebas aportadas por sus abogados en un delito de alzamiento de bienes, al admitir que habría ocultado un patrimonio cuantioso pese a tener importantes deudas pendientes tanto con la justicia como con Hacienda. En el primer caso, todavía debe pagar 14,1 millones de euros por su responsabilidad civil -y solidaria con otros condenados- por el 'caso Banesto' aunque sostiene que está tratando de negociar un acuerdo con el Banco Santander, que se quedó con la entidad tras su intervención en 1993.

Respecto a la Agencia Tributaria, el exbanquero es uno de sus mayores deudores personales (9,9 millones) y no consta que haya hecho intentos por devolver esos fondos. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción considera que podría acusarle de un delito de insolvencia punible con varias agravantes de importancia especial como su elevada cuantía (supera los 50.000 euros), e incluso «el prestigio personal». Aunque la más relevante sería el hecho de que «se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social», en cuyo caso la pena podría llegar a seis años de cárcel.

Sociedades «pantalla»

Con sus documentos, que acompaña de un escrito explicativo donde admite que el destino del dinero repatriado era «dotar de liquidez a diferentes sociedades españolas pertenecientes al entorno familiar», también estaría reconociendo la presunta comisión de varios delitos fiscales, algunos a priori prescritos en la medida que son operaciones con más de cinco años de antigüedad pero otros no. Y es que, según el magistrado Pedraz, Conde se sirvió de sociedades «pantalla» para no tributar en el IRPF sus ingresos reales.

De acuerdo con esos justificantes bancarios y la versión de sus letrados, hasta media docena de sociedades vinculadas de alguna forma al exbanquero recibieron 11,8 millones desde 2006, aunque las pruebas que maneja el juez sitúan el inicio de la repatriación de fondos en 1999, con pequeñas entregas mensuales de 3.000 euros. La principal parte (5,9 millones) fue para la empresa Barnacla, epicentro de su entramado societario en España y que, gracias a varios testaferros, ha utilizado para pagar sus gastos personales y también los de su familia, llegando a sumar en total casi 69 millones en activos.

Las transferencias desde Suiza daban varias vueltas -como el famoso 'efecto helicóptero' de Luis Roldán- hasta llegar a España-, utilizaban distintas firmas instrumentales domiciliadas en Panamá, Reino Unido y en ocasiones de nuevo territorio helvético. Por eso, y debido al uso de aparentes testaferros, los documentos defensivos de Conde tampoco despejan las dudas de que estuviera al frente de una «organización criminal», otro de los delitos que se le atribuyen «de forma indiciaria».