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J. M. C.
Martes, 1 de noviembre 2016, 00:13
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Las empresas y autónomos han visto prolongada su espera para la recepción del dinero que les debe alguna de las distintas administraciones públicas por los servicios prestados. Y lo han hecho, fundamentalmente, por la interinidad en la que ha vivido el Gobierno durante este año, lo que ha afectado también de forma indirecta a los atrasos acumulados en las comunidades autónomas.
En el caso de los recibos pendientes del Estado, los proveedores tuvieron que esperar, de media, 59 días entre julio y septiembre, lo que supone un incremento del 3% con respecto al segundo trimestre del año, según los cálculos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). La ley fija en 30 días el plazo máximo que un empresario debe esperar para cobrar estas facturas de entes públicos. Para Antoni Cañete, presidente de la organización, se detecta «un claro empeoramiento en el comportamiento de pago en determinados Ministerios, como Justicia, Economía y Exteriores».
Los retrasos de los gobiernos regionales son aún mayores, al encontrarse en los 76 días hasta el mes de junio, frente a las 71 jornadas en las que se pagaban las facturas a principios de año. Las comunidades contaban con recibir el dinero de la corrección del déficit público -4.000 millones-, pero su desbloqueo no ha llegado hasta finales de octubre. «Esperamos que esto no provoque que opten por cuadrar sus balances dilatando los plazos de pago», ha advertido Antoni Cañete. Especialmente se refiere a Aragón, Extremadura, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana.
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