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A. LORENTE / D. VALERA
Miércoles, 26 de octubre 2016, 00:44
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Continúa la presión. El mismo día en el que Mariano Rajoy entonaba por segunda vez el 'sí quiero' ante el Rey para intentar reeditar su mandato como presidente del Gobierno (ahora, sí), la Comisión Europa enviaba una carta a Madrid en la que urge al nuevo Gobierno a que «en los próximos días y tan pronto como sea posible», envíe un nuevo presupuesto a Bruselas que incorpore, esta vez sí, las medidas necesarias para cumplir con la nueva senda fiscal pactada a principios de agosto en el Consejo y que establece que el déficit debe bajar al 3,1% en 2017 frente al previsible 4,6% de 2016. Nada menos que 15.000 millones de ajuste, que el Ejecutivo en funciones redujo a 5.000 porque el resto lo aportará la bonanza del ciclo económico.
La carta es la enésima llamada de atención de la UE a un país, la cuarta potencia del euro, que lleva un año perdido a causa del parón político y con un déficit desbocado que puso a España al borde de una multa histórica de hasta 2.000 millones y que aún tiene pendiente la amenaza de congelación de más de mil millones de fondos estructurales correspondientes a 2017.
¿Por qué ahora esta misiva? Es la primera valoración de los proyectos de presupuestos enviados el pasado día 15. Lo positivo es que España no es el único país señalado por las muchas dudas que generan sus cuentas públicas. Hay otros seis países y dos, especialmente señalados: Italia y Portugal, a los que se les exige más tijeretazos. Habrá lío, sobre todo con Roma. En lo que respecta a España, Madrid se limitó a presentar una prórroga de las cuentas actualizada por estar en funciones, dejando al próximo Gobierno el 'marrón' del ajustar 5.000 millones en 2017. ¿Cómo? Según Bruselas, subiendo el IVA o los impuestos medioambientales. Según España... Veremos.
De momento, las comunidades autónomas que han sido durante los últimos años el eslabón más débil del equilibrio presupuestario registraron en agosto un desfase casi inexistente, apenas del 0,07%. Incluso siete comunidades registraron superávit. ¿Cómo es posible? La clave está en la inyección de 7.666 millones que recibieron procedentes de la liquidación del sistema de financiación de 2014, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda.
Pero este buen comportamiento no impidió que el déficit del conjunto de las administraciones públicas (excluidas las corporaciones locales) alcanzase en agosto el 3,3% del PIB una cifra similar a la de hace un año en términos relativos, pero superior un 1,8% en datos absolutos con desfase de 36.836 millones (38.899 millones con las ayudas a la banca).
El impacto positivo de la liquidación del sistema de financiación (muy superior a los 1.750 millones registrados en 2013) se dejó notar en una reducción del 90% del déficit autonómico. Las comunidades con un saldo positivo son: Andalucía (superávit del 0,13% del PIB), Asturias (0,46%), Baleares (0,76%), Canarias (0,74%), Galicia (0,09%), La Rioja (0,11%) y País Vasco (0,32%).
De esta forma, el objetivo fijado para 2016 del 0,7% se convierte en bastante factible a pesar de que otras regiones mantengan un desequilibrio. Es el caso de Aragón (déficit del 0,44% del PIB), Cantabria (0,87%), Castilla-La Mancha (0,37%), Castilla y León (0,16%), Cataluña (0,09%), Extremadura (1,21%), Madrid (0,25%), Murcia (0,65%), Navarra (0,36%) y la Comunidad Valenciana (0,23%).
Retroceso en Sociedades
Hacienda también publicó este martes el déficit del Estado de septiembre, que supone una ligera mejoría respecto al mes anterior hasta los 28.531 millones (un 2,56% del PIB). Sin embargo, si se compara con la situación de hace un año el desfase es un 20% superior. Un incremento muy relacionado con la caída en un 4,3% de los ingresos impositivos.
Una vez más, el Impuesto de Sociedades mantuvo su desplome de un 24,9%. Para tratar de revertir esta situación el Gobierno aprobó el adelanto del pago fraccionado para obtener 8.300 millones este año.
El IRPF también se resintió hasta septiembre con un retroceso del 7,7% por el impacto de la reforma fiscal con una caída del 9,6% en las retenciones al capital y sólo un aumento del 1,9% de las retenciones del trabajo. El IVA mejoró un 2,2%.
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