Diario Sur

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. :: afp
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. :: afp

Bruselas exige un ajuste de 15.000 millones... y no se olvida de subir el IVA

  • El próximo Gobierno debe presentar un nuevo presupuesto para bajar el déficit del 4,6% al 3,1%, en clara desaceleración

La España en funciones sigue ensimismada en la gestión de sus miserias internas a la espera de buscar una solución al 'sudoku' planteado el 20 de diciembre de 2015. Nadie mira a Bruselas, al club. Se busca evitar las terceras elecciones (o no) y poco o nada se habla del kilómetro cero de la política española. No se trata de tener un Gobierno, sino de gobernar. El panorama que se le presenta al próximo Ejecutivo es muy complicado, con una hoja de ruta fiscal de enorme compromiso por un ajuste forzoso de 15.000 millones en 2017 para bajar el déficit del 4,6% de este año al 3,1%. Y, ojo, es el ahora o nunca. La Comisión, tras el sonoro indulto del 27 de julio con otros dos años de prórroga y perdonando una sanción histórica de hasta 2.000 millones, ha dicho basta. Poco se habla de Bruselas en la España en funciones pero sigue marcando el camino.

Pese a todo, hay que reconocerle un mérito indudable al país: ha conseguido desconcertar a la UE hasta el punto de no saber qué responder ante eventualidades jurídicas que un día se escribieron pero que nunca se habían tenido que interpretar. Del «España debe estar a la altura y tener un Gobierno estable lo más rápido posible» que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, pronunció tras el ya lejano 20-D, se ha pasado al encogimiento de hombros y a la frustración. «Sólo nos queda esperar. A veces nos gustaría formar Gobierno a nosotros pero no podemos», ironizó recientemente el presidente del Eurogrupo, Jeron Dijsselbloem.

Esta indefinición le ha valido a la cuarta potencia del euro para salir indemne en un 2016 que Bruselas dio por perdido. No hay que olvidar que este año España debería haber cerrado su déficit en el 2,8% y bajar, por fin, del 3% que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Al final lo hará en el 4,6%, un desfase descomunal de 18.000 millones entre ingresos y gastos. Es la nueva meta fijada por el Colegio de Comisarios el pasado 27 de julio, un acuerdo que supuso dar a Madrid dos años más de oxígeno para bajar de la frontera del 3%. Se fijó el 3,1% para 2017 y el 2,2% para 2018, en lo que supuso la cuarta prórroga desde 2009 tras una década de incumplimientos del PEC.

«Hemos apostado por la prudencia y dar dos años. Pero si España no quiere ser el último país de la Eurozona en salir del procedimiento por déficit excesivo puede acelerar sus esfuerzos y no esperar a 2018», lanzó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Una manera muy sutil de recordar a Madrid su estigma de ser el peor de la clase.

El 15 de octubre expira el plazo para que todos los países envíen sus borradores de presupuestos para 2017. España no lo hará. Se limitará a informar de la prórroga e incluirá la reciente modificación del impuesto de sociedades para recaudar 8.300 millones al año. Es la última bala para no superar el referido 4,6% y, sobre todo, para evitar la congelación de fondos estructurales (la cifra podría ser de hasta 1.325 millones) derivada de su indisciplina fiscal.

Los 'consejos' de Bruselas

De cara a 2017, el futuro Gobierno recibirá desde Bruselas una tarjeta de felicitación donde se le recordará «la obligación de enviar a la mayor brevedad posible un presupuesto con medidas ambiciosas para sanear las cuentas públicas». Sencillo: se suben los ingresos o se recortan los gastos. Y aquí los expertos de la Comisión no dudan en «recomendar» una revisión del IVA para gravar a ciertos productos con el tipo general en lugar del reducido, como se sugiere en el texto del 27 de julio.

El del IVA no fue el único 'consejo'. También se abogó por extremar el control de la contratación pública y se recordó que es necesario meter en cintura a las comunidades autónomas. Será la gran reforma que España debe hacer a corto plazo, como explican fuentes comunitarias y del propio Ministerio de Economía.

Pero hay más. Aparte de bajar el déficit nominal del 4,6% al 3,1%, Bruselas ha pedido un esfuerzo estructural del 0,5% en 2017 y otro 0,5% en 2018. Unos 5.000 millones al año a través de reformas de verdad, que no tengan que ver con las bondades de la coyuntura económica como la bajada del petróleo. Y, lo más complicado, hacerlo en un escenario de desaceleración donde el crecimiento español bajará del 3% a algo más del 2%. Llegan meses duros, durísimos, donde lo importante no será tener un Gobierno sino poder gobernar.