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J. A. BRAVO
Sábado, 1 de octubre 2016, 00:33
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Los tres magistrados que juzgan el caso de las 'tarjetas black' rechazaron ayer de plano todas las cuestiones previas que las defensas de los 65 acusados plantearon a principios de semana, y en las que denunciaban la presunta vulneración de algunos de sus derechos fundamentales como el de la intimidad o el del secreto de comunicaciones. Y es que, según quiso recordar dicho tribunal, «ciertamente no son absolutos».
Su tesis, ya defendida antes en la Audiencia Nacional y otras instancias judiciales, es que la investigación penal «requiere en ocasiones la limitación de aquellos en aras de la búsqueda de la verdad material». Por eso, en el caso de los polémicos 'plásticos' con los que se despilfarraron 15,5 millones de euros, «y sin perjuicio del resultado que puedan arrojar las pruebas» en el juicio, entiende que «no hay méritos para marginar material probatorio» del que ya obra en la causa. Es decir, por mucho que las defensas cuestionen si la cesión de su información bancaria fue irregular o si esos datos están «plagados de errores», para los jueces sí sirven.
Y respecto a la legitimación de Bankia, su matriz BFA y el FROB para ejercer la acusación particular -y, por tanto, reclamar hasta 12 millones de euros en indemnizaciones-, el tribunal rechaza expulsarles porque los primeros asumieron su negocio y el último su rescate.
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