Diario Sur

Suspendida la liquidación de las autopistas de peaje

  • La justicia establece que la «hoja de ruta» de su rescate será negociada por el Gobierno y las concesionarias antes de julio de 2017

El Gobierno se ha salido finalmente con la suya, aunque solo ha ganado una batalla más en el largo y polémico conflicto de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid salvó ayer 'in extremis' de la liquidación a cuatro de ellas que estaban en una situación más acuciante: las radiales madrileñas R-3 y R-5, un tramo de 30 kilómetros de la M-50 (también en Madrid) y la circunvalación de Alicante.

Hoy expiraba el plazo para que el Estado se hiciera cargo de ellas, al no haberse alcanzado un acuerdo de viabilidad en el concurso de acreedores, aunque finalmente la Administración ha logrado una prórroga hasta julio de 2017. Para entonces el Ministerio de Fomento y las concesionarias deberían haber cerrado «la hoja de ruta» que el juez les insta ahora a crear, a través de un «protocolo de actuación» donde se resolverá qué contratos y activos vinculados a la sociedad que gestiona esas vías son necesarios para mantener abierta la «explotación» de las carreteras. El resto, por el contrario, serían traspasados al mejor postor o directamente finiquitados si no existiera interés por hacerse con ellos.

El juez explica, por ejemplo, que la concesionaria de la R-3 y la R-5, Accesos de Madrid (donde son socios ACS, Sacyr, Abertis y Bankia) ha sobrevivido a duras penas los últimos años a costa de continuos «impagos» a sus acreedores. El motivo es que los ingresos quedaban muy lejos de cubrir los gastos porque el tráfico registrado en las autopistas apenas fue el 16% del proyectado.

A la hora de acordar la prórroga, el magistrado ha puesto en la balanza varios «perjuicios ciertos». De un lado, que los bancos acreedores «soportarán el esfuerzo para que las vías sigan en explotación en beneficio del Estado», que verá reducida con el tiempo la cuantía de su responsabilidad patrimonial. Por otro, que miles de usuarios y los propios trabajadores de las vías saldrían claramente perdiendo con el cierre.