Diario Sur

UGT y CC OO urgen al Gobierno a revalorizar un 1,1% las pensiones

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez. :: J. P. Gandul / Efe
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez. :: J. P. Gandul / Efe
  • Amenazan con una «declaración de guerra» si se usa el fallo europeo sobre las indemnizaciones en los despidos para al final igualarlas a la baja

UGT y CC OO estiman que la subida de las pensiones para 2017 tendría que ser del 1,1%. Así se lo exigen al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en una carta que le enviaron ayer mismo tal y como anunciaron en una rueda de prensa conjunta. Pese a que en la misiva no especifican ese porcentaje concreto, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, sí quiso ponerle cifra y explicó que el cálculo lo han hecho en base a una previsión macroeconómica de la Comisión Europea, que estima que el crecimiento medio de los precios (IPC) en España para ese año será del 1,1%. No obstante, señaló que ésta es la propuesta inicial, pero que deberá revisarse a finales del próximo ejercicio en el caso de que se dé una desviación al alza de la inflación.

Los sindicatos defendieron además que tiene que hacerse ya, y al tiempo criticaron al Ejecutivo por escudarse en decir que al estar en funciones no tiene capacidad para llevarlo a cabo. «No hay que esperar al día 31 de octubre para determinar que pueden y deben revalorizar las pensiones», defendió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Como argumento principal, usó la necesidad de «dar tranquilidad y sosiego a una parte muy importante de la población, y expectativas de aumento del consumo y crecimiento de la economía al conjunto de este país».

Álvarez también reclamó «acabar con la incertidumbre en relación a la viabilidad del Sistema Público de Pensiones». Y para ello pidió que no se «utilice a los pensionistas en beneficio propio», es decir, para ganar réditos políticos con fines electorales desde uno u otro partido.

Cabe recordar que el Gobierno ya anunció su intención de subir un 0,25% el poder adquisitivo de los jubilados de cara a 2017. Esto supone que el incremento solicitado por los sindicatos supera en un 0,85% la estimación del Ejecutivo.

A su vez, CC OO y UGT aprovecharon también para reclamar que el salario mínimo interprofesional (SMI) se revalorice «de manera importante», situándose el próximo año en 800 euros con vistas a llegar a los 1.000 euros (el 60% del salario medio en España) al final de la legislatura, en línea con el nivel previsto en la Carta Social Europea. Ahora el SMI está en 655,20 euros al mes.

Por otra parte, instaron al Ejecutivo a convocar a la mayor brevedad la Mesa de la Función Pública para abrir una negociación. Su objetivo es incrementar los salarios de los funcionarios y aumentar la tasa de reposición. En esta ocasión no dieron una cifra concreta, aunque no piensan conformarse con el 1% anunciado por el Gobierno.

Y todas estas peticiones las hicieron la víspera en que se sentarán a abordar con CEOE y Cepyme los flecos de la negociación colectiva que quedaban por pactar para 2017, entre los que está el más importante: el porcentaje de incremento salarial. Se espera una negociación larga y compleja puesto que ya dejaron caer que no se conformarían con menos de un 2% e incluso hablaron de un 4%, cuando la patronal hasta ahora se mantenía en una subida del 1%.

No al contrato único

Toxo y Álvarez no pudieron obviar tampoco la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que obliga a indemnizar a una trabajadora interina y deja la puerta abierta a equiparar los pagos por despidos independientemente del tipo de contrato que se tenga. Advirtieron al respecto de que en ningún caso aceptarán que se intente igualar «por abajo» ese tipo de compensaciones, tanto para temporales como para indefinidos, e incluso amenazaron con una «declaración de guerra». Ambos líderes también quisieron dejar claro que dicho fallo «nada tiene que ver» con la idea de contrato único. «Mucho cuidado con aprovechar el paso del Pisuerga por el TJUE», avisaron. «El contrato único de Ciudadanos -que pactó con el PP ante su investidura fallida- no tiene cabida en la Constitución española», concluyeron.

Por otra parte, la CEOE aprobó ayer recurrir la convocatoria estatal de 2016 para planes de formación de trabajadores ocupados -para los que se han destinado 250 millones de euros-, «por la decisión unilateral del Gobierno de excluir a los interlocutores sociales del órgano colegiado».