Diario Sur

El consejero delegado de Popular, Pedro Larena. :: r. c.
El consejero delegado de Popular, Pedro Larena. :: r. c.

Popular apunta a las prejubilaciones en su ERE de hasta 3.000 empleados

  • Todas las comunidades se verán afectadas por el cierre de 300 oficinas de una red en la que el banco hará recortes en las «menos rentables»

La primera reunión oficial entre los responsables de Popular y los sindicatos ha servido para aclarar buena parte de las pretensiones de la entidad para realizar un ajuste de plantilla que, como se preveía, puede afectar hasta 3.000 trabajadores. Se trata del cupo máximo de empleados que englobaría el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el grupo presidido por Ángel Ron tiene previsto materializar antes de fin de año. Pero en ese conjunto de empleados, que constituyen hasta un 24% de toda la plantilla, se atisban algunos objetivos claros: quienes se encuentren más cerca de la edad de jubilación y aquellos que trabajen en oficinas con un rendimiento bajo.

El propio banco ha informado sobre este primer encuentro con los representantes de los trabajadores que el ERE comprenderá a entre 2.900 y 3.000 personas dependiendo de la «aplicación definitiva de las medidas de optimización». A falta de concretar cifras sobre la mesa, Popular recordaba ayer mismo que cuenta con 1.700 empleados mayores de 59 años, sin pronunciarse sobre la reestructuración que les aplicaría. Aunque el mero recordatorio de este dato presupone, tal y como indican fuentes sindicales, que la entidad optará por la vía de las jubilaciones anticipadas.

Si todos esos empleados señalados por el banco se acogieran a este proceso de despido, el resto de salidas -voluntarias o forzosas- se restringirían a otro millar, aproximadamente. Pero falta por conocer cuál es la intención de la firma a la hora de habilitar un sistema que, como suele ocurrir en otras entidades, garantice el cobro de una renta hasta el momento efectivo de la jubilación ordinaria, así como de las correspondientes cotizaciones sociales para que este grupo de trabajadores no pierda poder adquisitivo con respecto a su salario actual.

En la reunión de ayer, Popular insistió a los sindicatos en desarrollar un proceso sin decisiones que puedan resultar traumáticas. Pero todo dependerá, como ya ha advertido la propia entidad en otras ocasiones, de la disponibilidad financiera del banco para hacer frente al ERE. Aunque en un principio se habló de salidas voluntarias, el grupo aclaró ayer cuáles serán algunos de los factores que determinarán el proceso: afectará a todas las comunidades autónomas y se centrarán en las oficinas «menos rentables».

Popular anticipó que recortará plantilla «en las sucursales con menos rentabilidad por empleado». Lo que significa que, a juicio de los sindicatos, se calculará una cuenta de resultados por cada oficina, a través de las captaciones que realice, los créditos y productos que venda y las comisiones que cobre. Con esos datos, se determinará su viabilidad y, por tanto, el nivel de despidos que se debe aplicar en cada caso.

Recortes en Madrid y Galicia

Con respecto a las zonas geográficas en las que se actuará, fuentes sindicales han explicado a este diario que, aún sin cifras concretas por regiones, ningún territorio se salvará del cierre de alguna de las 300 oficinas que Popular tiene previsto liquidar. Se trata de un 15% de las más de 2.000 locales con los que cuenta en la actualidad.

La clausura de las oficinas a pie de calle se realizará «proporcionalmente al peso que tenga el banco en cada comunidad autónoma», afirman estas mismas fuentes. Es decir, que Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía, donde Popular mantiene mayor presencia, serían las más afectadas en número de cierres. Le seguirían el resto de territorios en función del peso que tengan en el conjunto del grupo.

Además, la entidad pretende ajustar el trabajo en muchas de las que sigan abiertas. La entidad ha anunciado la limitación de los días de apertura en las localidades de menor tamaño. Se trata de una práctica que otros bancos ya vienen realizando en zonas rurales, donde las oficinas se encuentran disponibles en días alternos, lo que les posibilita un importante ahorro de costes.

Además de este alivio económico que conseguirá para superar el contexto en el que se encuentra, el banco pretende modificar el actual modelo de negocio basado en oficinas para «potenciar» la operativa multicanal. Así como desarrollar una transformación digital en la que sobran trabajadores.