Diario Sur

Bruselas no volverá a perdonar a España por el exceso de déficit

  • El comisario Moscovici evitó la multa por el descuadre de las cuentas en julio, pero la congelación de los fondos es inevitable

bruselas. Hay incluso quien le reprochará que benefició a España sin pretenderlo, que lo que buscaba era defender a la izquierdista Portugal, liderada por los socialistas pero arropada por los comunistas y el Podemos luso. Y claro, como la Península Ibérica iba en el mismo 'pack' sancionador por el déficit, no tuvo más remedio que apoyar al muy conservador Gobierno popular de Mariano Rajoy, al que siempre ha pretendido zancadillear, como se le acusó sin ambages desde Madrid en octubre de 2015.

Lo cierto es que si el pasado 27 de junio España se libró de ser el primer país de la Unión Europea en ser multado por su desobediencia fiscal fue, sobre todo, gracias al socialista francés Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos. Así lo corroboran las actas de aquel Colegio de Comisarios. Todo era posible y lo imposible (la cancelación) sucedió. Ni en Madrid se lo creían. Todos daban por hecho amortiguar el golpe político con una multa de en torno a 300 millones, pero a las 13.18 horas, como avanzó este diario, llegó el «milagro», como lo calificaron fuentes diplomáticas.

Se gestó gracias a varias personas. El papel que jugó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, fue esencial llamando a quien tenía que llamar en el momento adecuado. Pero fue Moscovici quien se enfrentó a los halcones del Colegio, liderados por los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen (del PP), que pedían sanciones simbólicas.

En su corolario del debate, Juncker corroboró el sentir de Moscovici pero advirtió de que no les temblará la mano a la hora de aprobar la congelación de fondos estructurales a estos dos países. Los halcones dieron su bendición y el resto del Colegio, también.

Se trata de la segunda parte del capítulo sancionador: la congelación de fondos estructurales referidos a 2017 por su indisciplina fiscal. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, cifró el perjuicio en 1.325 millones de euros.