Diario Sur

Fábrica de automóviles de Volkswagen en Wolfsburgo (Alemania). :: JOHN MACDOUGALL / afp
Fábrica de automóviles de Volkswagen en Wolfsburgo (Alemania). :: JOHN MACDOUGALL / afp

Volkswagen, inmune al 'diéselgate' por ahora

  • Un año después del escándalo del trucaje, se mantiene segunda en ventas, pero aún le acecha el frente judicial

MADRID. El grupo Volkswagen celebra mañana el primer aniversario de un evento que nunca hubiera imaginado: la denuncia de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos por la anomalía en los sistemas que miden las emisiones (NOx, dióxido de carbono) de casi medio millón de vehículos diésel. A partir de entonces, se desató una crisis de dimensiones mundiales, en todos los mercados donde operaba. Ahora, doce meses después, el fabricante mantiene una fortaleza comercial por la que pocos expertos apostaban hace un año. Nadie obvia que la firma se enfrenta a importantes retos: impacto económico y denuncias judiciales. Pero a la vez ha visto cómo la preocupación sobre las ventas no ha ido a más.

En los ocho primeros meses del año, Volkswagen había matriculado 61.431 vehículos en España, lo que permite situarse en la segunda posición del ranking. Incluso en agosto, la marca fue la primera en ventas, al igual que en abril. Y nunca ha descendido de la tercera posición. A medida que ha transcurrido el tiempo se ha ido recuperando, a pesar de que aún no ha podido alcanzar el histórico primer puesto.

La comercialización de vehículos no se ha desplomado porque los clientes «han comprobado que el problema de las emisiones ha afectado durante estos últimos meses a otras firmas», indican fuentes del mercado. Además, «no hay tanta conciencia medioambiental como apego a una determinada marca y a que el coche funcione bien», afirman esos mismos expertos.

Sin embargo, el proceso por el que el grupo está modificando el sistema informático que mide las emisiones -diferentes si se trata de pruebas de laboratorio o en condiciones de conducción real- supone un gasto tanto económico como reputacional. En el caso español, los vehículos de Volkswagen y SEAT afectados suman 1,4 millones de unidades. Prácticamente la mitad de cada una de las marcas. Desde la filial con sede en Barcelona ya han sido llamados a revisión alrededor del 30% de esos 700.000 coches. Se trata de las modificaciones en los motores 1.2 (del Ibiza) y 2.0 (León, Ibiza, Altea y Exeo). Lo mismo ocurre con los Volkswagen, Audi y Skoda, cuya revisión de los modelos 2.0 se lleva a cabo desde principios de año.

Está previsto que a finales de septiembre, la KBA (la Oficina Federal de Vehículos germana) autorice los cambios en los modelos 1.6 de todas las marcas del grupo. De esta forma, a finales de año estaría completada la revisión técnica para cumplir con la exigencias normativas.

Desde que arrancó la crisis, en el grupo alemán han insistido en que las modificaciones de los coches afectados no suponen alteraciones en el consumo, el rendimiento ni las emisiones. Pero no todos los consumidores se fían de este criterio y algunos han iniciado una serie de acciones judiciales que son, por ahora, las que pueden hacer daño a la firma.

Provisiones y ajustes

El entramado técnico para cambiar los sistemas también implica un coste. Sólo en provisiones, Volskwagen ha dotado ya más de 16.000 millones de euros. Además, los beneficios del consorcio han caído un 36% en el primer semestre, hasta los 3.579 millones. Y lo ha hecho por los costes derivados del 'diéselgate' y las dotaciones para hacer frente a todos los gastos de esta crisis.

Esta misma semana, el jefe de personal del grupo, Karlheinz Blessing, anunciaba a más de 20.000 trabajadores en la sede central de Wolfsburgo (Alemania) un «riguroso plan de puesta a punto», que será desvelado en noviembre. A saber: máxima apuesta por el coche eléctrico y, por ende, menos empleados y posibles despidos, aunque sea a través de jubilaciones o salidas voluntarias.

En el campo judicial también se acumulan sangrías financieras. En verano, el grupo llegaba a un acuerdo para abonar unos 9.100 millones de euros por la recompra de los 482.000 coches afectados en EE UU.

La Audiencia Nacional ha abierto un procedimiento penal en el que acusa a la matriz por delitos de fraude y contra el medio ambiente. Lo ha hecho a raíz de las querellas presentada por dos asociaciones. Si el caso fuera desfavorable para la firma, el coste sería millonario. Y lo mismo le ocurriría en Alemania, Francia o Italia, donde sus órganos judiciales investigan si el fabricante cometió algún delito al implantar un sistema que reconoce cuándo se realizan emisiones en un test o en la propia carretera.