Diario Sur

Ángel Ron. :: efe
Ángel Ron. :: efe

Popular busca inversores para dar salida a 6.000 millones de 'ladrillo' tóxico

  • El banco podría librarse de parte de sus 11.150 millones en inmuebles adjudicados con una nueva cotizada que evite perjuicios a sus accionistas

madrid. La debilidad del negocio inmobiliario con la que tiene que capear Banco Popular para hacer frente a su reestructuración le ha empujado a indagar una vía de escape que le permita desprenderse de sus inmuebles más tóxicos. No parece que sea fácil, a tenor de las condiciones en las que se mueve el mercado bursátil o de la demanda que pueda surgir entre los inversores.

Por ello, el grupo presidido por Ángel Ron «estudia diversas alternativas», según informó ayer a la CNMV en un hecho relevante, para reducir un nivel de activos improductivos que alcanzaba los 11.150 millones en el primer semestre del año.

De esa cantidad de 'ladrillo' tóxico con el que cuenta en sus estructuras, Popular podría desgajarse unos 6.000 millones, que saldrían de la órbita del negocio puramente bancario. La duda reside en cómo se formalizaría esta operación. Una de las alternativas pasa por la creación de una sociedad en la que se englobarían los inmuebles que ahora se encuentran bajo el paraguas del banco y que podría llegar a cotizar en la Bolsa. Sin embargo, desde la propia financiera reconocen que esta posibilidad se materalizaría solamente «en determinados escenarios».

El mercado bursátil no se encuentra precisamente en su mejor momento para dar un salto al parqué, tal y como explican fuentes del sector. Sobre todo, si se trata de una operación de la envergadura como la que quiere realizar Popular. El Ibex-35 acumula unas pérdidas cercanas al 15% en el último año y son muchas las dudas internacionales que condicionan el mercado, en general, y pesan como un lastre sobre el sector bancario en particular.

La entidad sigue buscando la mejor vía para canalizar esta salida de activos y lo hace incluso abriendo la puerta a «inversores institucionales ajenos al banco», tal y como reconoció ayer ante el regulador.

La operación de la salida a Bolsa de una sociedad que aglutinara los inmuebles tóxicos que más perjudican al balance del Popular podría materializarse con un reparto de esos títulos entre los accionistas actuales de la entidad. Se trataría de una especie de 'gratificación extraordinaria', porque esa distribución sería gratuita y proporcional dependiendo de los títulos que tenga cada inversor.

Para poder desarrollar la operación, la entidad tendría que negociar con Värde Partners, su socio en Aliseda -la sociedad que gestiona los inmuebles del banco y en la que controla un 49% de su accionariado- para la transmisión del 51% que está en manos de ese fondo y así poder utilizar la empresa sin los condicionantes de las normas bancarias.

Un ejercicio complicado

Si esta opción -entre otras que el banco aún no ha confirmado- se convierte en realidad, los accionistas de Popular obtendrían una recompensa después de los convulsos últimos meses que han sufrido. Primero, por la propia evolución de las acciones de la entidad, que se han desgastado un 60% en el último año.

Además, supondría un bálsamo tras la ampliación de capital de 2.500 millones de euros realizada en el mes de junio con la que se diluyó su posición inversora. La operación se lanzó a 1,25 euros la acción frente a los 2,35 euros en los que cotizaba el día de su anuncio. Ayer, los títulos de la entidad cayeron la sesión otro 2,6% hasta los 1,12 euros.

El negocio inmobiliario ha sido el lastre con el que ha contado Popular en los últimos años. Solo en provisiones ha reservado 10.056 millones para hacer frente a los activos dudosos. Con la anunciada segregación del negocio inmobiliario, a falta de materialización, Ángel Ron indicó en la presentación de la ampliación de capital que la entidad pretendía «volver a la política tradicional de reparto de dividendos. Para 2018, deberíamos entregar en metálico el 40% del beneficio», afirmó.

A la vez, el grupo financiero se encuentra pendiente de un ajuste de personal que podría afectar hasta 3.000 empleados tanto de su red de oficinas como de sus servicios centrales. El próximo martes día 20 comenzarán las negociaciones oficiales con los sindicatos. La entidad ha anticipado ya a los representantes de los trabajadores que no busca soluciones traumáticas, sino a través de jubilaciones o salidas voluntarias de personal. Pero todo dependerá del coste global de la reestructuración.