Diario Sur

La UE se resigna con España, que lo fía todo a lograr los 6.000 millones de Sociedades

El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversando con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. :: francois LENOIR / reuters
El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversando con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. :: francois LENOIR / reuters
  • De Guindos advierte al Congreso de que esta medida es esencial para evitar la congelación de 1.000 millones en fondos y cumplir con el déficit

La jornada comenzó con el enésimo frente para el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Y esta vez, no pasaba por su otrora compañero de gabinete, el polémico José Manuel Soria, sino por Bratislava, donde entre ayer y hoy se reúnen los ministros de Finanzas del euro y de la UE. España ha vuelto a ser el país invitado al turno de preguntas de las reuniones europeas, así que interpelado sobre la imposibilidad de que Madrid envíe un nuevo presupuesto de 2017 antes del 15 de octubre, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, sorprendió a todos asegurando que pese a lo dicho por su colega español, éste no le había comunicado nada en la reciente cumbre del G-20 celebrada hace una semana en China.

Pese a ese aparente desmentido, De Guindos volvió a sostener horas después que sí lo hizo. Al final, no obstante, y para evitar generar una nueva controversia se abogó por tirar del enésimo eufemismo ya habitual en este tipo de encuentros y se señaló sin más que la parálisis española «se trató brevemente durante una conversación informal».

Sin embargo, lo que mal empezó terminó algo mejor ya que el Eurogrupo asumió oficialmente la excepcionalidad española y se limitó a pedir a Madrid que presente una prórroga presupuestaria antes del plazo ya conocido del 15 de octubre. «No hay tiempo que perder», recalcó Moscovici. En este sentido, el presidente del consejo de ministros del euro, Jeroen Dijsselbloem, eludió referirse a la polémica cancelación de la multa -decisión ya refrendada en julio- y se limitó a recordar que los problemas «no se han evaporado» y que corresponderá «al nuevo Gobierno devolver al presupuesto a la senda adecuada», sin precisar más.

«Aunque a veces nos gustaría, no podemos formar Gobierno en España», bromeó el jefe del Eurogrupo, considerado uno de los 'halcones' entre los altos cargos comunitarios. «No depende de nosotros, sino de los electores y sus políticos», apostilló con algo de resignación.

Y es que mientras España está en funciones -sus políticos para ser exactos-, es mucho lo que está en juego en cuestión de pocas semanas. En julio se evitó prácticamente sobre la bocina una multa casi cantada de hasta 2.000 millones por no haber puesto remedio al desfase fiscal en 2015. Ahora, el país se arriesga a perder en torno a 1.000 millones en fondos estructurales de la UE que iba a recibir en 2017, y que previsiblemente serán congelados a corto plazo por la Comisión aunque tras debatirlo antes con el Parlamento europeo.

Lo positivo -porque también lo hay- es que el daño es reparable y España todavía está a tiempo de hacerlo. Al fin y al cabo, la congelación se levantaría antes de acabe el año si el Gobierno logra presentar antes de ese 15 de octubre una seria de «acciones efectivas» para cuadrar las cuentas. El problema es que el Ejecutivo sigue en funciones y su margen de maniobra es nulo.

Un decreto inminente

Entonces, ¿de qué tipo de medidas estamos hablando? Moscovici, que ha defendido la idea de que la paralización de los fondos estructurales es necesaria hasta que España concrete por escrito cómo va a cumplir con el 3% del déficit en 2017, se limitó a señalar que deben ser «sustanciales y suficientes». Según De Guindos, bastaría con dos.

La primera, ya tomada, fue adelantar el cierre presupuestario a julio. Y la segunda, anunciada pero no consumada, es aumentar el importe de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades y, sobre todo, anticiparlos. Con ello se pretende que las grandes multinacionales aporten en torno a 6.000 millones anuales que, a ojos de Bruselas, permitan financiar el déficit. «Aprobaremos un decreto con ello en las próximas semanas», adelantó el ministro. La idea es que sea, como muy tarde, a principios de octubre.

Esta decisión no sólo es clave para evitar la congelación de los fondos, sino para cerrar ya este mismo año con el 4,6% de déficit público fijado por las autoridades europeas. «Hay que hacerlo sí o sí, no hay otra opción», recalcan fuentes de Economía, que recuerdan la manga ancha recibida de la Comisión en julio, cuando dio dos años más para cumplir con las metas fiscales (hasta 2018), por lo que muy difícilmente se podría obtener más prórrogas.

Pero ese esperado decreto debe ser avalado por el Congreso, donde el PP ya no goza de su añorada mayoría absoluta. Ni siquiera se le acerca. Ciudadanos sí está a favor de esos cambios fiscales, pero siguen faltando votos, como bien sabe Rajoy. «Espero que las obligaciones comunitarias sean también recogidas por los partidos, incluido el PSOE, que sabe que es una obligación que tiene España», deslizó De Guindos, quien antes de presentar ese texto comparecerá en la comisión de Economía.