Borrar

De Guindos reconoce cierta desaceleración económica en 2017

El ministro estima un crecimiento del 2,9% para este año, mejor de lo previsto inicialmente, pero un menor ritmo alcista para el próximo

J. M. C.

Lunes, 25 de julio 2016, 00:34

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

madrid. La economía española no podrá evitar que el ritmo al que creció en 2015 -un 3,2%- se ralentice mínimamente durante este ejercicio, pero, sobre todo, sea incapaz de mantener esa senda de cara a 2017. El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió ayer que se espera «una desaceleración» para el próximo año. Se trata de una circunstancia que sería «perfectamente acorde con lo que es la tendencia de la zona euro y del conjunto de la economía mundial», según afirmó al cierra de la cumbre del G-20 en China.

En cualquier caso, el ministro estimó que España cerrará 2016 con un crecimiento del PIB del 2,9%, por encima de lo que el Gobierno en funciones de Madrid preveía anteriormente. «Lo que estamos viendo indica un año 2016 más fuerte de crecimiento económico, en el entorno próximo al 3%, concretamente el 2,9%», puntualizó. Las previsiones anteriores del Ejecutivo apuntaban a un crecimiento del 2,7% en 2016 y del 2,4% para 2017.

La multa, este miércoles

Por otro lado, el ministro insistió en que España confía en evitar una sanción de Comisión Europea por su excesivo déficit. «Es de sentido común que no va va a haber multa», señaló. De Guindos defendió que el país goza de una de las mayores tasas de crecimiento de la zona euro y ha logrado un buen ritmo de creación de empleo. Tanto España como Portugal están bajo la amenaza de ser los primeros países sancionados por Bruselas por sus déficits excesivos en 2015. El de España, el más elevado de la Unión Europea después de Grecia, fue del 5,1% el año pasado, muy por encima del 4,2% fijado por la Comisión, y del 3% que estipula el pacto de estabilidad comunitario.

El Ejecutivo comunitario podría anunciar si impone la multa el próximo 27 de julio. Si finalmente se materializa, supondría una sanción del 0,2% del PIB -unos 2.000 millones de euros- además de la paralización de parte de los fondos estructurales que recibe el país.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios