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J. A. BRAVO
Viernes, 22 de julio 2016, 00:57
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Madrid. Cada mes hay un número indeterminado de españoles que siguen cobrando una pensión pese a haber fallecido hace tiempo. Esa suma se la suelen quedar sus familiares, al menos hasta que la Administración reclama su devolución... si es que lo hace a tiempo de que la infracción prescriba. Pero, ¿cuántos casos están hoy en día en esa situación?
En su último informe de fiscalización sobre los deudores de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas dispara la cifra hasta las 29.321 personas (a agosto de 2015), que seguirían recibiendo tras su muerte un total de 25,3 millones de euros en pensiones, lo que supone un impacto anual de 300 millones para las arcas públicas. Unos datos que, como admite el Ministerio de Empleo, «generan lógicamente una alarma muy seria en esta entidad gestora, convencida hasta ahora de la eficiencia actual del sistema de control».
Por eso, la Seguridad Social revisó de forma pormenorizada las conclusiones del tribunal hasta descubrir que «en más del 93,25%» de los casos «únicamente coincide entre la base de datos de fallecidos (se ha tomado la del INE) y el fichero de nóminas de pensionistas el número del presunto DNI, y nada más». «No coincide ni el nombre ni ningún apellido, y -añade- tampoco las fechas tienen similitud alguna».
Entonces, ¿cómo es posible una discrepancia numérica tan grande entre el Ejecutivo y el órgano encargado de revisar las cuentas públicas? Parte de la explicación se encuentra en una colaboración más que mejorable entre los órganos implicados. Así, el Tribunal apunta primero al INE, junto a los registradores y notarios, por la pobre información que remiten a la Seguridad Social. Pero luego reprocha a esta última que no tenga establecido «un control de vivencia de los beneficiarios».
La respuesta del Ministerio es que, desde que en 2009 empezó la informatización de los registros civiles, su principal sistema de detección es el intercambio diario de datos con el departamento de Justicia y luego, ya mensual, con el INE. El Tribunal, sin embargo, replica que a través de la primera vía apenas obtiene información sobre el 31% de los casos.
La Seguridad Social, a la que curiosamente el organismo contable reprocha también que sus criterios para actuar sobre fallecidos son «excesivos», tacha de «desproporcionado» establecer «costosos controles de vivencia». Alega sus «graves perjuicios» para los 1,2 millones de pensionistas de más de 85 años y que el número «real» de casos irregulares no pasa hoy del 1,2%, «una cifra inevitable».
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