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La abogacía acusa a la CNMC de favorecer a Bankia

El Consejo General de la profesión reprocha al banco que pretenda «un trato especial» para las costas de los pleitos a los que se enfrenta

J. A. BRAVO

Sábado, 25 de junio 2016, 01:14

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madrid. El conflicto abierto entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la abogacía a costa de los honorarios aparentemente elevados que esta última ha aplicado en los pleitos abiertos contra Bankia por inversores y clientes descontentos dista mucho de encauzarse. El último capítulo se vivió ayer con una declaración oficial de los representantes de la profesión letrada acusando al organismo regulador de favorecer los intereses del citado banco.

Fu la conclusión a su reunión de varias horas para analizar el expediente disciplinario que el miércoles incoó la CNMC contra nueve colegios de abogados (Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla), a los que acusa de infringir las normas del libre mercado. Sostiene, en concreto, que «habrían aplicado sobrecostes en el proceso de Bankia» -que denunció esta situación ante Competencia y cifra en de más de 150 millones de euros lo que habría pagado de más-, realizando para ello «recomendaciones de precios».

Para el Pleno del Consejo General de la Abogacía (CGAE), con su actuación los responsables de la Comisión están demandando «un tratamiento especial» para la entidad financiera que preside José Ignacio Goirigolzarri, a fin de «paliar el impacto» de las costas que está teniendo que sufragar en los miles de procesos penales y civiles a los que se viene enfrentando los últimos años.

Los representantes de la profesión letrada se preguntan por qué Bankia «se empeña en asegurar que se han 'inflado' las facturas» en esos juicios cuando «han sido desestimadas todas sus pretensiones y condenada a abonar las costas procesales». Acusan, además, a Competencia de «hacer suya» la denuncia del banco.

Las costas, insisten, no las fijan ni los colegios ni el Consejo sino «el profesional, pactadas con su cliente». Y recuerda que son los tribunales los que aprueban «definitivamente» su importe, «con total libertad».

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