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El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. :: efe
El déficit de febrero empeora un 28% lastrado por la menor recaudación tributaria

El déficit de febrero empeora un 28% lastrado por la menor recaudación tributaria

El desfase se sitúa en el 1,13% frente al 0,92% registrado en el mismo periodo del año pasado con un desvío mayor del Estado y las autonomías

D. VALERA

Miércoles, 27 de abril 2016, 00:30

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El déficit se ha convertido en la pesadilla de las últimas semanas para el Gobierno. Los últimos datos publicados ayer por Hacienda confirman que el control de esta variable se le sigue atragantando a España. De hecho, el desfase entre ingresos y gastos en febrero de las administraciones públicas -salvo los ayuntamientos- se agravó al situarse en los 12.684 millones, lo que supone un 28% más que el registrado en el mismo mes del año pasado. Un empeoramiento que sitúa el desequilibrio en el 1,13% del PIB -con ayuda financiera- frente al 0,92% de febrero de 2015. Este mal comportamiento de las cuentas públicas se debe, en gran medida, al retroceso de la recaudación tributaria, que hasta febrero descendió un 9,5% con una significativa disminución en los ingresos por IRPF y Sociedades.

Así, la administración central registró un déficit de 12.625 millones excluida la ayuda financiera, lo que supone un repunte del 14,9% respecto al mismo mes del año pasado. De esta forma, el desequilibrio equivale al 1,12% del PIB, frente al 1,04% de hace un año. Por su parte, las comunidades autónomas registraron un saldo negativo de 1.275 millones, es decir, un 40% más que en el mismo mes de 2015. En términos de PIB, la ratio de déficit se situó en el 0,11%. Sin embargo, lo más sorprendente es que en sólo dos meses del ejercicio ya hay alguna comunidad como Extremadura que se sitúa en el límite del 0,7% fijado para este año.

Tampoco los Fondos de la Seguridad Social permiten compensar los malos resultados del resto de subsectores a pesar de haber obtenido un superávit de 1.455 millones, equivalente al 0,13% del PIB. Sin embargo, suponen 0,07 puntos menos que en el mismo mes de 2015. Esta situación se debe en mayor medida al resultado del Servicio Público de Empleo Estatal, que ha pasado de un superávit de 655 millones en 2015 a uno más reducido de 180 millones en 2016, principalmente, por las menores transferencias del Estado.

Por su parte, Hacienda también adelantó ayer el déficit de la administración central en marzo, que logra unas cifras más favorables al situarse en los 8.760 millones, lo que supone una mejora del 18,2%. En concreto, el desfase entre ingresos y gastos en el primer trimestre del 2016 equivale al 0,78% del PIB frente al 0,99% registrado en los tres primeros meses del pasado ejercicio.

Sin embargo, la felicidad tampoco puede ser del todo completa aquí. Y es que una vez más, los ingresos del Estado se redujeron hasta marzo lastrados otra vez por la menor recaudación de impuestos, que ha pasado de 38.152 millones en 2015 a 37.486 millones en 2016. La caída de ingresos procede, sobre todo, de los tributos sobre el IRPF, que retroceden un 2,7% debido a la reforma fiscal. Por su parte, la recaudación del IVA se elevó un 5,9% gracias al repunte de la demanda interna. En cualquier caso, los datos de déficit se conocen en un momento en el que la preocupación de Bruselas sobre España se ha agudizado por el incumplimiento del año pasado, que ha obligado a dar más margen para cumplir los objetivos este ejercicio.

Más plazo para los ajustes

Precisamente, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, remitió el pasado lunes una carta a once comunidades para ampliar una semana el ultimátum de quince días que había dado a estas autonomías incumplidoras con el déficit para que aprobasen un acuerdo de no disponibilidad del gasto. El nuevo plazo concluye este viernes 29 de abril. Desde el Gobierno justifican este nuevo margen por el cambio en la senda de estabilidad.

Las cartas se enviaron a Baleares, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, Asturias, Valencia, Extremadura, Murcia y Aragón. De hecho, durante esta semana se van a producir hasta nueve reuniones bilaterales en las que las comunidades y Hacienda deben cuantificar el importe del gasto congelado. En una misiva anterior, realizada el 6 de abril, Hacienda conminó a estas autonomías a aprobar un plan de ajuste como el anunciado por el Gobierno de 2.000 millones. En caso de negarse, Hacienda podría poner en marcha medidas coercitivas contempladas en la ley de estabilidad.

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