'Operación Soule'

Las elecciones de la FEF vuelven al TAD

Jorge Pérez, exsecretario general de la FEF y aspirante a la presidencia. / Fernando Villar (Efe)

Jorge Pérez pide que el órgano entre de oficio tras los datos desvelados por la investigación

EFEMADRID

Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), en las que Ángel Villar fue reelegido el 22 de mayo, vuelven a estar en manos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) con la petición de Jorge Pérez para que entre de oficio tras los datos desvelados en la 'Operación Soule'.

El TAD fue requerido hace más de una semana por Jorge Pérez, exsecretario general de la FEF y aspirante a la presidencia, que le envió un escrito con la petición de que actúe de oficio y revise la resolución que emitió en junio cuando desestimó un recurso del propio Pérez para que declarase nulas las elecciones.

La candidatura de Pérez a las elecciones de mayo, que no llegó a formalizarse ya que éste no presentó los avales exigidos tras denunciar irregularidades flagrantes en el proceso, entiende que a través de la instrucción de la 'Operación Soule' se han conocido datos que podrían cambiar su resolución, aunque no investiga el proceso electoral.

La opción de enviar al TAD otro recurso ordinario de revisión también es manejada por el equipo de Pérez. Si el TAD decide revisar su resolución, el recurso presentado por Pérez en la justicia ordinaria en vía administrativa perdería su objeto, han confirmado fuentes jurídicas.

El CSD revisará el jueves la situación

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) revisará este jueves la situación de la Federación Española de Fútbol (FEF) y la posibilidad de plantear al TAD que revise su decisión de dar validez al proceso electoral.

La publicación reciente de conversaciones telefónicas grabadas por la UCO entre directivos federativos sobre aquellas elecciones, en las que Villar fue reelegido para su octavo mandato, después de que el juez levantara el secreto del sumario del caso, han llevado también al CSD a contemplar la opción de dirigirse al TAD.

Este tribunal desestimó el 16 de junio pasado el recurso de Jorge Pérez y de Óscar Garvín, presidente de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B, en el que denunciaban irregularidades en el proceso de voto por correo para componer la asamblea que después reeligió a Villar. La denuncia aludía, entre otras cosas, a la desaparición de prácticamente el 20% de los votos emitidos y cuestionaba los enviados por el notario designado por la FEF.

El fallo del TAD indicó no apreciar irregularidades como para repetir el voto por correo. En aquella decisión se abstuvo el presidente del tribunal, Enrique Arnaldo, que fue recusado por Ángel Villar. También fue recusada por éste María Lidia García, mientras que otro miembro del TAD en aquel momento, Andreu Camps, lo fue por parte de Pérez.

"El señor Villar, consciente de que los presidentes regionales son capaces de aglutinar los votos de clubes de divisiones inferiores y del colectivo no profesional, ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo, disponiendo del patrimonio ajeno y que administra de la FEF", dice el auto del titular del juzgado central de instrucción uno de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Éste aún no ha señalado fecha para tomar declaración a once de las personas investigadas, entre ellos el presidente de la territorial Murciana, José Miguel Monje, que es uno de los cinco para los que el CSD pidió al TAD la apertura de expediente por ello. Los otros son los presidentes de las territoriales de Valencia, Vicente Muñoz, Ceuta, Antonio García Gaona, Melilla, Diego Martínez y Rioja, Jacinto Alonso.

Todos ellos dimitieron como miembros de la junta directiva de la FEF, junto a otros once responsables de territoriales a finales de agosto, para reclamar nuevas elecciones, pero días después regresaron a la junta. Ésta, presidida por quien ha sido su tesorero durante los últimos 28 años, Juan Luis Larrea, desde el ingreso en prisión de Villar y su posterior suspensión por el CSD, pidió a éste sin éxito su dimisión tras su salida de la cárcel con una fianza de 300.000 euros.

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