La 'vida extra' de los mosaicos de Invader en Málaga

El mosaico de la mujer vestida de gitana instalado en el Palacio Episcopal, declarado BIC, prendió la polémica en Málaga.
El mosaico de la mujer vestida de gitana instalado en el Palacio Episcopal, declarado BIC, prendió la polémica en Málaga. / Álvaro Cabrera

Las obras del artista francés cumplen tres meses en las calles de la capital a la espera de un informe del Seprona sobre los daños que han podido ocasionar

Antonio Javier López
ANTONIO JAVIER LÓPEZ

La estética de sus obras está basada en los videojuegos de los años 70 y 80. También su apodo en la escena artística: Invader. Y ahora el tiempo parece conceder una 'vida extra' a la mitad de sus obras repartidas por la geografía malagueña que parecían condenadas a la retirada apenas unos días después de su aparición. Tanto es así, que los mosaicos de Invader cumplen ahora tres meses en Málaga, a la espera del informe del Seprona que determine el daño que su instalación -las teselas se fijan a la pared con un potente adhesivo o cemento- ha ocasionado en los muros donde han aparecido.

El 'caso Invader' trascendió la escena cultural para convertirse en centro de una notable polémica pocos días después de que afloraran las primeras obras en Málaga en la madrugada del 17 de mayo. Una de ellas, con la forma de una mujer con traje de flamenca rojo, apareció en el Palacio Episcopal y el Obispado de Málaga, propietario del inmueble, reclamó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga la retirada de la pieza, dado que el edificio es un Bien de Interés Cultural (BIC) sometido a protección. La Junta elevó el listón poco después para reclamar que se quitaran 15 de los 29 mosaicos, aquéllos que estaban en el Centro Histórico de la capital, reconocido como conjunto histórico y también protegido. No en vano, ningún mosaico de Invader cuenta con los permisos previos necesarios para actuar en zonas sometidas a protección patrimonial.

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El asunto se enrarecía aún más con un informe de la Policía Local que ponía sobre la mesa la posibilidad de que la intervención del autor francés fuera «más allá de un simple deslucimiento de fachada» para constituir un posible delito de daños. Además, dicho informe relacionaba la presencia del artista en la ciudad con los responsables del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), con quienes mantuvo varios encuentros con motivo de la exposición sobre el autor galo que el centro prepara para principios del próximo año.

Así las cosas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, salió al paso de inmediato para anunciar que el Ayuntamiento estaría «a lo que diga la Junta». Sin embargo, días después reculó para matizar su posición, hasta el punto de que a día de hoy la única respuesta oficial a la reclamación de retirada por parte de la Junta ha sido un informe de la Gerencia de Urbanismo que descarta la urgencia de esa medida y que, por tanto, la deja en suspenso.

En fase de investigación

También ha metido sus reclamaciones en el congelador la Junta de Andalucía, que ha encargado a la Guardia Civil, a través del Seprona, un informe que determine el alcance de los posibles daños que hayan ocasionado los mosaicos de Invader en Málaga. Desde la Guardia Civil recuerdan que el caso sigue «en fase de investigación» y declinan ofrecer más detalles.

Mientras llega el informe del Seprona, el Ayuntamiento y la Junta se van pasando la responsabilidad de una posible retirada de los mosaicos. La Delegación de Cultura ha esgrimido el principio de colaboración institucional para que sea el Ayuntamiento el que se encargue de quitar las obras. Sin embargo, no es eso lo que establece en primer término al Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que en su artículo 113 determina que la «obligación de reparación» recae sobre el causante del daño y que «el incumplimiento de la obligación de reparar facultará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para actuar de forma subsidiaria realizando las actuaciones reparadoras necesarias a cargo del infractor».

Además, la propia ley recuerda que los propietarios de bienes protegidos, en este caso, edificios, «tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores». Por último, la ley destaca la importancia de la «colaboración entre las Administraciones Públicas» en la defensa del patrimonio, pero no establece la suerte de responsabilidad subsidiaria que esgrime la Junta de Andalucía para que el gobierno local asuma la hipotética retirada de los mosaicos.

En función del posible daño que determine el informe del Seprona se podrían aplicar al autor francés sanciones que según la misma Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía podrían alcanzar el millón de euros. La norma andaluza de protección del patrimonio histórico determina que la cuantía de las sanciones, en multas hasta 100.000 euros de infracciones leves, corresponderá a «la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería» de Cultura.

El asunto se elevará a la dirección general de la consejería en sanciones que oscilen entre los 100.001 y los 250.000 euros (infracciones graves). De ahí a la consejería para cargos de hasta medio millón de euros. Y será el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que deba tomar cartas en el asunto si la sanción se fija entre los 500.001 y el millón de euros, es decir, en infracciones consideradas muy graves.

Posibles acciones contra Invader que encuentran como primera 'traba' la aparente dificultad para identificar y localizar al autor francés, que ha hecho del anonimato una de las claves de su propuesta. Una partida que en Málaga se ha encontrado con una 'vida extra'.

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