Los ayuntamientos ganarán relevancia en la conservación del patrimonio histórico

Iglesia de Santiago de Málaga. :: fernando gonzález/
Iglesia de Santiago de Málaga. :: fernando gonzález

Una modificación de Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía suprime la autorización de la Junta en las licencias de obras menores en entornos monumentales

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

La Junta de Andalucía dará más protagonismo a los ayuntamientos en la conservación del patrimonio histórico para agilizar las obras menores en conjuntos históricos, siempre con garantías de que no se menoscabe su protección, informó ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez tras el Consejo de Gobierno. Este acordó iniciar los trámites del anteproyecto de ley de Modificación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, en vigor desde 2007. El borrador incluye 31 cambios en su articulado dirigidos a reforzar la participación ciudadana, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, impulsar los museos locales y adaptar la norma a las recomendaciones a los cambios legislativos de la última década, además de obligar a los ayuntamientos a una mayor responsabilidad en la gestión de sus conjuntos históricos, explicó Vázquez.

La ley recogerá que los ayuntamientos que ya cuentan con los planes urbanísticos o planes especiales de protección de centros históricos requeridos no necesitarán solicitar la atribución de competencias para autorizar obras y actuaciones menores en los entornos de los bienes de interés cultural (BIC). Es decir, suprimirá la licencia de la administración autonómica en obras menores en entornos monumentales o conjuntos históricos siempre que no afecten a las estructuras, el subsuelo o la configuración arquitectónica de los inmuebles. La Junta se reservará esta competencia en el caso de monumentos, jardines históricos y zonas arqueológicas del catálogo general de protección.

El consejero explicó que la ley lo que hará es obligar a los ayuntamientos con planeamientos a asumir la delegación de competencias en este tipo de trámites. Hasta ahora la ley permite esta delegación siempre que los ayuntamientos lo soliciten. Hay 12 ayuntamientos con estas facultades cedidas, aunque con la nueva ley serían 44 los consistorios, lo pidan o no. El objetivo, añadió Vázquez, es que sean 131 los municipios andaluces con capacidad para gestionar directamente las obras menores en conjuntos históricos

El consejero de Cultura puso de ejemplo que si un propietario de un inmueble en un entorno monumental quiere cambiar el plato de la ducha o una puerta no tenga que esperar meses de un largo procedimiento administrativo hasta que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta vise el proyecto. Ese trámite lo puede hacer el ayuntamiento. La ley ya obliga a los municipios con esta facultad cedida a tener personal cualificado para certificar y vigilar que las obras que se ejecuten respeten las normas de protección del patrimonio. «Ni mucho menos se reduce la protección. Ningún ayuntamiento podría hacer nada distinto de lo recogido en sus leyes», subrayó Vázquez.

La futura norma también suprimir la necesidad de elaborar, como se exige ahora, proyectos de conservación para los inmuebles incluidos en los entornos de los BIC. Igualmente se elimina la necesidad de tramitar como actividades arqueológicas diversas actuaciones que pasan a tener la consideración de obras.

También permitirá agilizar la declaración de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico, como los BIC, con un procedimiento abreviado. La finalidad es garantizar con la mayor brevedad posible la máxima protección de los bienes aún no incluidos en el Catálogo General. Desde que se aprobó la ley en 2007 han sido catalogados 200 nuevos BIC, pocos dada la complejidad administrativa para ello.

La norma recogerá la protección inmediata de manifestaciones megalíticas hasta que estas sean catalogadas como BIC; Prohibirá el uso de detectores de metales en cualquier lugar y obligará a los dueños de monumentos a su apertura una vez a la semana.

El proyecto de ley aún tardará un año en redactarse y cumplir los trámites pertinentes para ser remitido al Parlamento, según fuentes de Cultura admitieron a este periódico. Eso quiere decir que la ley puede decaer y quedar en papel mojado si no es aprobada antes de la convocatoria de las próximas elecciones, previstas para marzo de 2019.

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