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PABLO MARINETTO
MÁLAGA.
Martes, 20 de febrero 2018, 00:49
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El 8 de julio de 2014 entraba en vigor la Ley integral de la Junta de Andalucía para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. Casi cuatro años después, los profesores Juan Manuel Domínguez, María Isabel Hombrados y Patricia García -del departamento de Psicología Social de la UMA- han elaborado, en colaboración con la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera (ATA), un informe para conocer el impacto y la percepción que las personas transexuales que residen en esta Comunidad tienen acerca de los aspectos regulados en esta norma.
Casi la totalidad de las 100 personas encuestadas -56 hombres y 44 mujeres trans- consideran 'muy importante' los puntos regulados por la Ley, destacando con especial interés aspectos como el acceso al sistema sanitario conforme a la identidad de género autodeterminada, la incorporación de cláusulas administrativas para las empresas o el desarrollo de medidas para erradicar la discriminación en el sistema educativo.
Aún así, el 90% de los participantes considera que las personas transexuales aún no son tenidas en cuenta en la elaboración de los planes de empleo. «El colectivo trans tiene cerradas las puertas del mercado laboral. Es necesario que se nos trate en función de nuestra capacidad intelectual y de nuestros conocimientos», explicó la presidenta de ATA, Mar Cambrollé.
Durante la presentación del informe, Cambrollé quiso hacer hincapié en la necesidad de que la Administración aplique incentivos a las empresas para la contratación de personas transexuales y mayor celeridad en el sistema sanitario a la hora de iniciar los tratamientos hormonales y las intervenciones de extirpación de mamas.
No es la primera vez, que este departamento de la UMA estudia los problemas a los que se enfrenta el colectivo. Ya lo hizo en 2010 con un informe pionero a nivel estatal realizado por una universidad pública en el que se reflejaba la precariedad económica y la tasa de desempleo.
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