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Lunes, 6 de noviembre 2017, 00:38
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Un grupo de vecinos de La Cala de Mijas lleva varios días movilizado para exigir al Ayuntamiento que no recurra una sentencia que afecta a Miriam Borneo, una trabajadora del Club Polideportivo Mijas que ha obtenido un pronunciamiento a su favor del Juzgado de lo Social de Málaga, que ha considerado que hubo un delito de cesión ilegal de trabajadores por parte del Consistorio.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Cala, Francisco Sepúlveda, sostiene que recurrir este fallo judicial solo va provocar un retraso en los derechos que le ha otorgado la ley a esta trabajadora. «Consideramos que lo más justo, razonable y humano, es que el equipo de gobierno acate esta decisión judicial y no la recurra», señala, a lo que añade que ya ha hablado personalmente con el alcalde, Juan Carlos Maldonado, sobre este asunto. «Me ha trasladado que la razón principal que ha llevado al equipo de gobierno a recurrir esta sentencia es la situación ‘tan especial’ en que en estos momentos se encuentra el deporte mijeño», relata. «Aun así, creemos que acatar la sentencia que da la razón a nuestra vecina no supone ningún cambio en la actual situación del deporte de Mijas».
Desde la Asociación de Vecinos de La Cala aseguran tener «plena conciencia» de que el equipo de gobierno tiene «todo el poder,y la capacidad» de acatar sin ningún problema la sentencia que reconoce los derechos laborales de Miriam. «Le pedimos un gesto de bondad, de humildad y de buenas intenciones con esta caleña, no ejecutando este recurso y dándole a esta joven madre esa estabilidad laboral que le ha sido reconocida en los tribunales», aseguran.
Pese a esta insistencia de los vecinos, desde el Ayuntamiento tienen claro que su postura no se puede modificar. No en vano, el pasado viernes enviaban un comunicado asegurando que acaban de incorporar a tres empleados de Recursos Turísticos de Mijas (mercantil encargada de gestionar el Hipódromo Costa del Sol) a la plantilla municipal debido a una sentencia que reconoce «la cesión ilegal de trabajadores» llevada a cabo por el Partido Popular. «Bajo el mandato del exregidor, Ángel Nozal, la ahora diputada provincial del PP, Lourdes Burgos, envió a los tres afectados del recinto hípico a desempeñar sus funciones en el Patronato de Deportes. Este hecho ha provocado una denuncia que, finalmente, ha desembocado en que el juez contemple dicho delito», apuntaron.
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