El TSJA ordena a Benalmádena devolver una plusvalía de 121.801 euros

El TSJA ordena a Benalmádena devolver una plusvalía de 121.801 euros

El Alto Tribunal entiende que el Ayuntamiento no acreditó que la propietaria obtuviera beneficios en la venta de la finca, con un valor catastral de 1,2 millones de euros

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Nuevo revés judicial para un ayuntamiento malagueño a cuenta del polémico Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional en mayo de 2017. En esta ocasión, el damnificado es el Consistorio de Benalmádena, que tendrá que devolver íntegramente una plusvalía de 121.801,12 euros a una vecina que vendió en 2014 una propiedad, situada en la zona de Torrequebrada y que había adquirido una década antes.

Tal y como ya hizo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital con otro vecino de Vélez-Málaga, condenando al Consistorio de la capital de la Axarquía a devolverle los 4.844,22 euros que le cobró en marzo de 2016 -una sentencia de la que se hizo eco este periódico en su edición del pasado día 15-, en esta ocasión el fallo judicial, al que ha tenido también acceso SUR, ha sido dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en la capital, a raíz del recurso de apelación interpuesto por la vecina, representada por el despacho de abogados malagueño Maldonado González, contra una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 que le dio la razón al Ayuntamiento benalmadense.

«Se observa el defecto ya anticipado de fijación de la base imponible mediante una aplicación automática del método legal inconstitucional, partiendo de un valor catastral del inmueble en cuestión de 1.265.466,23 euros, sin que en fase de gestión tributaria, ni tampoco en el curso del proceso jurisdiccional, la Administración haya agotado su carga de probar la realidad de la existencia del hecho imponible con el efectivo incremento de ese valor desde que fue fijado hasta la fecha del devengo, más bien al contrario, la recurrente puso en evidencia que de la aplicación del método legal de cálculo de la base imponible resultaba a la postre una cuota tributaria desproporcionada, que achacaba a la incorrecta valoración, por decrecimiento de ese valor catastral, según el estudio de mercado que aportó, así como por la fórmula aplicada por la Administración que pudiera verse corregida mediante el recurso a fórmulas matemáticas alternativas, justificando no haberse generado el incremento que la Administración presumió por la aplicación del sistema legal de cálculo objetivo de la base imponible», sostiene el TSJA en su resolución, que es recurrible únicamente en casación ante el Tribunal Supremo.

Es la segunda sentencia que se conoce este mes que obliga a reintegrar una plusvalía en Málaga

Sin embargo, fuentes municipales dijeron a SUR que no van a recurrir, «pues ya hay jurisprudencia previa en casos similares». «Seguimos esperando el pronunciamiento en la ley para dejar de aplicar las plusvalías», apuntaron las fuentes en alusión a los cambios legales que está negociando el Gobierno central para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017. En su defensa el Consistorio alegó que la propietario pagó, según las escrituras, 490.101 euros por los terrenos en 2004, cuando el valor catastral era de 98.255,12 euros. Sin embargo, en 2014 vendió la propiedad por 1.670.000 euros, cuando el valor catastral, fijado en 2006, era de 1.265.466,23 euros. Sin embargo, ni en la primera instancia ni en la segunda los jueces permitieron aportar estos documentos como elementos probatorios del incremento de valor. Las fuentes municipales dijeron que no esperan más sentencias similares a esta, «ya que cada una aborda una casuística diferente y con circunstancias que difícilmente pueden repetirse», apostillaron.

En otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, Canarias o Navarra, ya se habían dictado en los últimos meses sentencias en las que se anulaban plusvalías con beneficio. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) viene reclamando al Gobierno central que reforme la plusvalía municipal con urgencia y que se les compense.

Reforma del impuesto

En junio de 2017, la FEMP planteó dos propuestas: la primera, convertir la plusvalía en un impuesto a cuenta como la Renta, la más valorada por los fiscalistas y por la propia FEMP, que trasladaría el coste del cambio al Estado, y la segunda, la creación de unos coeficientes de variación del mercado inmobiliario que se incorporarían a la base imponible, sistema en el que el contribuyente deberá acreditar que no ha habido plusvalía, por la que se ha decantado el Ministerio de Hacienda, en medio del descontento de los 'ayuntamientos del cambio', liderados por Madrid y Barcelona, con la propuesta de Hacienda, en la que los grandes consistorios podrían salir muy perjudicados. Esta segunda opción ya forma parte de un borrador que el fisco ha remitido a los grupos parlamentarios. Hacienda pretende que la reforma se aplique desde el día en el que el BOE publicó la sentencia del TC, el pasado 15 de junio de 2017.

Los contribuyentes que desde esa fecha hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello hayan tributado por la plusvalía, deberían, una vez que entre en vigor esta ley, prevista para el verano, recibir la devolución del tributo. No es descartable que algunos grupos intenten en la negociación parlamentaria alargar la retroactividad de la reforma a los últimos cuatro años no prescritos. Será el sujeto pasivo el que deberá declarar la transmisión no sujeta al impuesto, «así como adoptar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor».

Mientras se mantiene esta situación de 'stand by' por el cambio legal a nivel nacional, en los ayuntamientos malagueños y en las oficinas del Patronato Provincial de Recaudación (que gestiona el cobro de este tributo en 79 localidades como Marbella, Estepona, Rincón de la Victoria, Antequera, Alhaurín de la Torre, Ronda y Coín) se siguen acumulando los recursos administrativos de particulares, promotoras y bancos que pasaron por caja cuando transmitieron sus propiedades con pérdida de su valor real en los últimos cuatro años (no prescritos) y que ahora exigen recuperar su dinero. A ello se suma la suspensión de expedientes iniciados con posterioridad a la sentencia porque los contribuyentes han declarado que han vendido sin beneficio y los municipios han optado por esperar antes de cobrar un dinero que más adelante igual tendrán que devolver.

En su conjunto, entre estas facturas fiscales ya abonadas y las que han quedado congeladas hasta que se aclare cómo queda el impuesto en la provincia, hay unos seis mil expedientes en el aire que suponen un montante aproximado de 22 millones de euros.

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