El TSJA anula el plan de infraestructuras de parte de la urbanización Torreblanca

Los propietarios de la zona de Torreblanca han ganado el pulso a la Administración. /I. Gelibter
Los propietarios de la zona de Torreblanca han ganado el pulso a la Administración. / I. Gelibter

Desde el Ayuntamiento sostienen que esperaban esta decisión y que comparten las exigencias de los vecinos que denunciaron

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

Era un decisión previsible que finamente se ha hecho efectiva. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el plan de infraestructuras de una parte de la urbanización de Torreblanca, en Fuengirola. Según una sentencia publicada en estos pasados días en el BOJA, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuengirola de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ésta «anula el referido acuerdo en cuanto a las determinaciones contenidas en el mismo» que imponen a los propietarios de terrenos incluidos en el sector de suelo urbanizable ordenado transitorio API-02 'Lomas de Torreblanca' «financiar gastos del Plan Especial de Infraestructuras (PEDI); debiendo la Administración demandada adoptar las medidas de ejecución precisas para la materialización de este pronunciamiento», reza en la sentencia.

De esta manera, y tal como exigían los propietarios de la zona, la justicia considera que no son ellos los encargados de pagar estas reformas y mejoras, por lo que ahora deberá hacerse un nuevo plan. A pesar de ello, y según afirman desde el Ayuntamiento, esta era una resolución con la que no solo contaban, sino con la que estaban de acuerdo.

Así, según fuentes oficiales, el Consistorio estaba de acuerdo con la propiedad, e incluso acordó en pleno de fecha 24 de marzo de 2014 la rectificación de la ficha urbanística referente a las contribuciones de este sector al Plan Especial de Infraestructuras (PEDI). «Fue en 2011 cuando los propietarios del Sector API-02 interponen un recurso-contencioso administrativo contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo (Junta de Andalucía) por el que se procedía a la Aprobación de la PGOU de Fuengirola», señalan. Según el relato, dicho recurso dio lugar al procedimiento ordinario seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una vez se dio traslado al área Jurídica del Ayuntamiento de los argumentos de los propietarios del Sector API-02. «Por ello, el pleno municipal acordó en sesión de fecha 24 de marzo de 2014 la rectificación de la ficha urbanística referente a las contribuciones de este sector al Plan Especial de Infraestructuras (PEDI)», sostienen estas fuentes oficiales.

«Y a su vez, y ya en sede judicial», continúan, «desde el Ayuntamiento, en vista a nuestro acuerdo, se solicitó la suspensión del procedimiento contencioso a los efectos de que por la Junta de Andalucía (administración competente) se procediera a dictar el preceptivo acuerdo para subsanar el error advertido».

Transcurridos tres años desde la suspensión y sin que la Junta de Andalucía acordara resolución a este respecto, se dictó sentencia el día 30 de junio de 2017, que fue publicada en el BOJA el pasado viernes 2 de febrero, estimando el recurso y eliminando la carga de la ficha sector.

Hace cerca de un año, otros residentes de la zona de Torreblanca (en este caso el sector PMI-2) respiraron aliviados después de que el Ayuntamiento suspendiera de forma temporal los cobros que pretendía hacer a estos vecinos por unas obras de remodelación de calles y saneamientos -entre otras cuestiones-, y que ascendía a una media de 6.000 euros por inmueble, aunque en los casos más extremos esta cifra subía hasta los 72.000 euros.

El Ayuntamiento de la localidad quería cobrar un porcentaje en función del valor de cada inmueble para hacer frente a estas actuaciones, por lo que ya habían comenzado a movilizarse hasta que consiguieron paralizarlo.

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